Política Pública Nº 5 Julio 2002

FUNDACION ATLAS PARA UNA SOCIEDAD LIBRE 1

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Por Adrián Ravier

“Pensar que los individuos aptos para el estudio deben contar con ‘enseñanza sin cargo’, es pensar
que los individuos más inteligentes deben recibir riqueza a expensas de los menos inteligentes” –
Armen A. Alchian, The economic and social impact of free tuition en Economic forces at work,
Liberty Press, p.208
Introducción
El individuo a lo largo de su vida adquiere conocimientos a través de distintos canales, ya sea por medio de la
educación en la familia, el sistema tutorial, las instituciones educativas, las bibliotecas circulantes, los cursos a través
de video, por correspondencia o por internet, entre otros. Todos ellos conforman lo que llamamos “educación”. En cada
caso, el individuo desarrolla sus potencialidades, adquiriendo conocimientos ya expuestos por otros, a los efectos de
capitalizar su energía y no verse obligado a empezar de cero.
Uno de los principios más importantes en la ideología liberal, es la desigualdad de los individuos. Cuando estos nacen,
lo hacen con distintas características que lo hacen único. Dada esta desigualdad de los seres humanos, todo lo que se
haga por igualarlos será antihumano puesto que es contrario a su naturaleza y, necesariamente, hará que la nivelación
opere hacia abajo buscando el común denominador de la mediocridad. Entonces, la diversidad, la individualidad del ser
humano, conduce a que la educación formal que recibe debería impartirse también de modo individual. En verdad la
existencia de colegios y universidades se debe a razones pecuniarias, puesto que la economía de escala hace más
accesible este tipo de educación. La enseñanza individual permite optimizar la flexibilidad de los contenidos de la
enseñanza, así como también las formas en que se imparten esos contenidos según sean las peculiares y exclusivas
características del alumno. Fundamentalmente, razones de índole mercantil dan vida a instituciones educativas donde
necesariamente deben adoptarse ciertos standards, los cuales, en alguna medida, tienden a obstaculizar el desarrollo de
la individualidad en aras del grupo.
En este trabajo, el objetivo es analizar el financiamiento de las instituciones educativas que proveen educación superior
en la Argentina, teniendo en cuenta los principios de libertad individual, gobierno limitado y economía de mercado.
Por supuesto, la tarea no es sencilla, y no se pretende agotar el tema. Considero entonces, que si se pasan por alto
algunos puntos importantes, otros se sentirán estimulados para cubrir estas brechas.
Para cumplir con este objetivo seguiré el siguiente camino: comenzaremos por intentar armar un diagnóstico adecuado
sobre la situación actual de la educación pública superior en la Argentina. Es fundamental hacer una correcta
identificación del problema a resolver, antes de proponer alguna solución. Para complementar este punto, se realiza un
análisis económico que nos permitirá estudiar la forma en que hoy se financian las instituciones en cuestión, así como
la importancia de los efectos provocados por la redistribución del ingreso en cualquier economía.
El siguiente paso será comenzar a estudiar ciertos argumentos ampliamente difundidos en la Argentina, utilizados por
los defensores de la universidad pública y gratuita. El primero de estos es aquel en el cual dado que la educación es un
bien público, el Estado debe participar de su financiamiento. Luego, analizaremos un punto directamente relacionado
con el recién citado, conocido como externalidades. Se sostiene que dado que la “sociedad” se beneficia porque sus
integrantes estudien, todos deben colaborar con su financiamiento. A continuación se estudia la falacia de que la
educación pública superior gratuita es fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades. Se remarca aquí la
diferencia que existe entre este concepto y el de igualdad ante la ley. En cuarto lugar, se analiza la doble imposición y
el efecto desplazamiento dado por la coexistencia de universidades privadas y públicas. Y por último, se expone una
respuesta a todos aquellos que creen que la causa de la crisis que hoy vive el sistema educativo se debe a una escasa
asignación de recursos por parte del estado.
Para culminar la primera de las dos partes que conforman el desarrollo del trabajo se analizan dos modelos educativos
ejemplares como lo son el modelo descentralizado público Alemán, y el modelo descentralizado mixto de los Estados
Unidos. Esto nos permitirá conocer un poco sobre la experiencia internacional en materia educativa.
A continuación, se analiza la segunda parte del desarrollo del trabajo que estará conformada por algunas propuestas
para solucionar este problema de financiamiento universitario.
Finalmente, desarrollaré algunas conclusiones, las cuales estarán directamente relacionadas con los puntos que acabo
de describir. Allí se expondrán dos caminos para lograr una reforma total del sistema educativo universitario.

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Situación Actual y Diagnóstico
No hace falta hacer un estudio profundo de la educación en la Argentina para saber que el sistema vigente hace agua
por todos lados. Hoy en nuestro país, coexisten universidades públicas y privadas. Tanto quienes estudian como
quienes trabajan en las primeras, o quienes han investigado el tema, concuerdan en un punto clave: la baja calidad de la
educación pública superior.1
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la más importante de la Argentina teniendo en cuenta la cantidad de
alumnos y el presupuesto que maneja (cuadro Anexo Nº 1)2, el problema es serio. Cada año, los matriculados en dicha
universidad aumentan a una tasa cada vez mayor y la situación se hace insostenible. Como dice el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas Carlos A. Degrossi, “[...] la realidad presupuestaria de la universidad, seguirá en la
misma situación de escasez que en los años anteriores. Escasez esta, que tiene que ver con la situación de crecimiento
exponencial de la matrícula en alguna de las carreras, que se supone otorgarán a los futuros profesionales una
inserción laboral razonable. Tal el caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas que ha visto duplicar su
matrícula en los últimos cinco años, mientras que el presupuesto oficial para atender dicho desafío creció en el mismo
período solamente el 4 %. Esta situación fáctica, nos obliga a pensar en nuevos mecanismos de financiamiento y en
optimizar los escasos recursos asignados[...]”.3
Sin embargo, los problemas son aún mayores: ¿Quién ingresa hoy a la UBA? Según un estudio realizado por la revista
3 puntos4, “el 50 por ciento de los jóvenes que estudian proviene de escuelas privadas; a lo que debe agregarse la
situación de las escuelas públicas de las que egresa apenas un 40 por ciento (el dato corresponde a la Capital Federal,
pero es extrapolable a todo el país). En palabras más crudas: sólo acceden a la enseñanza superior los sectores de
mayores recursos, lo que convierte al ingreso irrestricto en una fórmula casi vacía”. ¿Y quiénes egresan? Muy pocos.
Un promedio nacional que maneja el experto Osvaldo Barsky, ex coordinador de la CONEAU, dice que del total de
ingresantes apenas un 17 por ciento obtiene su diploma. Quiere decir que si tomamos como ejemplo a los 66 mil
ingresantes al Ciclo Básico Común en el año 2001 sólo terminarán su carrera 11.220 profesionales. ¿Qué pasó en el
medio? Acá los caminos divergen: desinterés, falta de información, deserción por no alcanzar los niveles deseados,
falta de recursos o de tiempo.
¿Pero es éste el caso de la Universidad de Buenos Aires únicamente? De ninguna manera. Analicemos algunos
números de la educación pública superior en nuestro país:
1) El gasto en educación superior en la Administración Pública Nacional alcanzó los $ 1917 millones; 2) Actualmente
existen 37 universidades públicas nacionales con un presupuesto aprobado para todas ellas en el año 2001 que alcanza
los $ 1694 millones; 3) Los alumnos que en el año 2000 cursaron sus estudios en dichas universidades alcanzaron a
1.111.984 y las cuatro instituciones más grandes (Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario) representan el 50 % de
la matrícula total con un presupuesto conjunto de $ 628 millones, es decir el 37 % del total.
En un trabajo publicado por FIEL5, se detectaron los siguientes problemas: “En primer lugar, el número de alumnos
matriculados en relación con la población de jóvenes en edades universitarias es superior a la de varios países, sin
embargo, la proporción de graduados es sensiblemente inferior; en consecuencia, mientras el costo por graduado es
superior al de la mayoría de los países desarrollados, el gasto por alumno es bajo”. Esta situación se refleja en el cuadro
anexo Nº 2, donde encontramos que el costo promedio por alumno es de $ 1.523 anual y el costo promedio por
egresado es de $ 45.044. Existen como siempre casos extremos que demuestran el elevado grado de dispersión que
tiene el sistema educativo argentino en general: mientras que hay instituciones donde el costo por alumno supera varias
veces al promedio (Universidad del Centro $ 3.392) en otras ese monto se encuentra por debajo del promedio nacional
(Universidad de Lomas de Zamora $ 872). También existen diferencias notables en el costo por egresado: en las
Universidades de Jujuy y La Matanza el monto supera los $ 150.000, mientras que en otras, como las Universidades de
Córdoba y Nordeste, se encuentran por debajo de los $ 30.000.
En el mismo trabajo de FIEL se indica que “la situación señalada se explica por la ineficiencia del sistema de
educación superior que se expresa en una relación de alumnos/graduado alta, reflejando el grado de fracaso,
abandono de las carreras y demoras elevadas en graduarse que pueden ser consecuencias de las falencias de la
educación básica así como de un grado de tolerancia excesivo para el cumplimiento de los requisitos académicos”
(cuadro anexo Nº 3).
Otro de los indicadores que estaría demostrando el elevado grado de ineficiencia en las universidades públicas está
dado por el bajo porcentaje de egresados sobre los nuevos inscriptos en las carreras (13%) o, dicho de otra forma,
para poder obtener un egresado es necesario que ingresen 7 alumnos por año (cuadro anexo Nº 5).
Si suponemos que la duración teórica media de una carrera universitaria en las instituciones públicas ronda los 6 años,

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estamos en condiciones de afirmar que el gasto anual promedio por egresado alcanza los $ 7.507 o $ 682 mensuales. Se
llega a esta última cifra si dividimos el gasto anual de $ 7.507 por 11 cuotas, pues en las universidades privadas
generalmente existen 10 cuotas mensuales más la matrícula anual (cuadro Nº 4).
Por último, cabe destacar el análisis de Pablo Guido y Guillermo Yeatts en el trabajo antes citado, donde señalan que
“si tomamos en cuenta la duración media de las carreras en las universidades privadas en 5 años (las carreras en este
sector tienen en su mayoría una duración teórica de 4 años, con lo cual estamos agregando un año más) donde los
alumnos deben pagar 10 cuotas mensuales y una matrícula anual nos encontramos con la siguiente situación,
estableciendo una cuota promedio mensual de $ 500 más una matrícula anual de otros $ 500:
Total 10 Cuotas
Matrícula
Anual
Total Matrícula
Anual
Anual $ 5.000 $ 500 $ 5.500
Total
Carrera $ 25.000 $ 2.500 $ 27.500

Llegamos a la conclusión que mientras que el costo promedio por egresado en las universidades públicas es de
alrededor de $ 45.000, en las privadas rondaría los $ 27.500 promedio, es decir, un 63% superior el costo en las
primeras respecto de las segundas”.

Análisis económico
Analicemos entonces, de qué forma se financian hoy las Universidades públicas. Como hemos visto recientemente, el
Estado argentino destina a las instituciones públicas en educación superior una cifra cercana a los dos mil millones de
pesos. ¿De dónde obtiene el Estado argentino dicho monto? ¿Cómo paga el Sector público el altísimo costo por
egresado que estudiamos en el apartado anterior? Cualquier Estado puede financiar su gasto a través de cuatro fuentes
de financiamiento6: En primer lugar, con el cobro coactivo de impuestos , esto es a través del monopolio de la fuerza.
En segundo lugar, con emisión monetaria. Esto no es otra cosa que el conocido “impuesto inflacionario”, porque si
bien no se paga un tributo directamente, es algo semejante considerando la reducción del poder adquisitivo que esto
provoca en el dinero que poseen los individuos.7 Como todos los argentinos sabemos, este medio ha sido utilizado
desde los años ´40, y en 1989 ha sido hiper-utilizado lo cual ha provocado la conocida hiperinflación. Esta demás
aclarar los efectos desastrosos que esto provoca en la economía y el presente proceso inflacionario que hoy vive la
sociedad argentina.
En tercer lugar a través de los empréstitos externos e internos, esto es el endeudamiento. Si bien esto no es el pago
coactivo de impuestos de las generaciones presentes, lo es para las generaciones futuras. Y si bien este es un medio que
debería utilizarse en situaciones extraordinarias, los gobiernos argentinos lo han venido utilizando durante varios
períodos. Podemos citar dos ejemplos claros: Por un lado, el período en el cual Martínez de Hoz era ministro de
economía, en el gobierno militar, esto es a fines de la década del ´70. Y por otro lado, durante los últimos diez años. Si
bien en la Argentina el crédito se encuentra restringido por la cesación de pagos y por otras causas que serían largas de
enumerar, existen interesantes propuestas de eliminar esta fuente de financiamiento. Dicha sugerencia, no es otra que la
del premio Nobel en economía James Buchanan, quien ha argumentado en el sentido de prohibir institucionalmente la
contratación de nueva deuda pública, no sólo debido a que constituye un procedimiento antieconómico que quita
recursos al mercado, sino inmoral, porque significa comprometer compulsivamente el patrimonio de futuras
generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda. Hoy,
naturalmente, la Argentina no tiene crédito, pero este consejo de Buchanan debería tomarse muy en cuenta para nuestro
futuro. De este modo, los ingresos gubernamentales estarán circunscriptos a la vía tributaria y, en el límite, la exacción
estará contenida por la rebelión fiscal.
Y por último, nos encontramos con la venta de activos del Estado. Esto no es otra cosa que las conocidas
privatizaciones. En el caso argentino, un fuerte proceso de las mismas se ha realizado en la década del ´90 durante el
gobierno de Menem y prácticamente se encuentra agotado.
Ahora, analizando detenidamente estos cuatro recursos con los que cuenta el Estado argentino para financiar el gasto
público, entre ellos, las instituciones educativas, notamos que sólo es genuino el cobro de impuestos. Esto significa que
el sector público succiona ahorro privado para destinarlo a lo que el gobierno considera prioritario. Si esa prioridad es
proteger los derechos individuales nada hay que objetar al procedimiento; si se trata de aventuras extrafiscales el
perjuicio deviene evidente. De esto se deduce la importancia de que el Estado no se entrometa en áreas para las cuales

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no fue creado. En el caso argentino, basta con analizar el presupuesto nacional para ver que el Estado está totalmente
fuera de sus funciones.
Ludwig von Mises, quizás el autor más destacado de la Escuela Austríaca de Economía, en una de sus conferencias en
Buenos Aires agregó sobre este punto: “lo que los defensores de estos impuestos no ven es que la mayor parte de las
ganancias confiscadas no habrían sido consumidas, sino ahorradas e invertidas. En efecto, la funesta política fiscal no
sólo coarta o impide la acumulación de capital. Trae aparejado el consumo de capital”.
Es de destacar también que los contribuyentes se hacen cargo del impuesto vía menores ganancias o mayores pérdidas,
pero el resto de la comunidad es también afectada por ese impuesto, con lo cual ésta se convierte en una especie de
contribuyente de hecho debido a que la asignación de recursos producto del gravamen necesariamente operará en
sentidos distintos de lo que hubiera sucedido de no haber mediado la intromisión fiscal. Esta reasignación de los
siempre escasos factores productivos implica desperdicio de capital, con lo cual, dada la relación capital-trabajo, se
afectan negativamente los ingresos y salarios en términos reales. Los impuestos conducen a una merma en la
capitalización, también conocida como distorsión, cosa que sólo se justifica cuando resulta ser el costo político
necesario para que el gobierno cumpla con su misión de salvaguardar los derechos de los gobernados .
En consecuencia, dado que es imprescindible disminuir la presión tributaria, terminar con la emisión monetaria y
prohibir el endeudamiento, resulta fundamental estudiar el caso de las instituciones educativas, más precisamente el
caso de las universidades públicas argentinas, para lo cual comenzaremos por analizar el rol del estado en esta tarea.

Educación: Bien Público o Bien Privado
Marcun Olson sostiene que “un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros,
los ciudadanos.” Cabe aclarar antes de desarrollar este punto que existen autores que dan argumentos (en mi opinión
válidos) que explican que los bienes públicos no son una razón ni necesaria ni suficiente para la intervención del
Estado.8 Sin embargo aquí no entraremos en ese debate y aceptaremos el argumento.
Los bienes públicos puros tienen dos propiedades esenciales. En primer lugar, no es viable racionar su uso y, en
segundo lugar, no es deseable racionarlo. El ejemplo más claro de un bien cuyo racionamiento no es posible es la
defensa nacional. Por ejemplo, si nuestra defensa nacional logra el objetivo de evitar un ataque de otro país, no existe
forma alguna de excluir a nadie de los beneficios. Pero, ¿quién debe pagar por este servicio? ¿Podría el sector privado?
Para hacerlo tendría que cobrar por los servicios suministrados. Pero todos los ciudadanos sabrían que acabarían
beneficiándose de sus servicios, independientemente de que contribuyan o no a costearlos, no tendrían ningún
incentivo para pagarlos voluntariamente. Esta es la razón por la que debe obligárseles a financiar estos bienes mediante
impuestos. La renuencia a contribuir voluntariamente a la financiación de los bienes públicos se denomina el problema
del polizón.
La segunda propiedad de un bien público es que no es deseable excluir a ninguna persona: la cantidad que consume un
individuo no reduce la cantidad que pueden consumir los demás. En otras palabras, el costo marginal de suministrar el
bien a otra persona más es nulo. En el ejemplo de la defensa nacional, los costos prácticamente no se modifican cuando
nace un niño o si alguien emigra a nuestro país.
En consecuencia, los principios de “no rivalidad” y “no exclusión” caracterizan al bien público. Estos mismos pueden
ser igualmente suministrados por empresas privadas. El argumento a favor de la provisión pública es que ésta resulta
más eficiente.
Sin embargo, más allá de las deficiencias de estas definiciones la educación no conforma uno de estos ejemplos. La
educación no es un bien público. Para Stiglitz9, los bienes suministrados por el Estado cuyo costo marginal de
suministrarlos a más individuos es elevado se denominan bienes privados suministrados por el Estado. Una de las
explicaciones que suelen darse a favor de la provisión pública está relacionada con consideraciones distributivas:
muchos piensan que las oportunidades de los jóvenes no deben depender de la riqueza de sus padres.
Si un bien privado se suministra gratuitamente, es probable que su consumo sea excesivo. El consumidor, como no
tiene que pagarlo, demanda hasta el punto en el que el beneficio marginal que le proporciona es cero, a pesar de que su
provisión tenga un costo marginal real. Esto al contrario del bien público puro, genera ineficiencias y distorsiones.
Es probable, pues, que haya que recurrir a algún mecanismo para controlar el consumo. Los métodos que restringen el
consumo de un bien se denominan sistemas de racionamiento. Uno de ellos es el sistema de precios. Es decir, cobrando
un arancel, a medida que éste sea más alto, la demanda será menor. Otro método consiste en proporcionar la misma
cantidad a todo el mundo. Aquellas que quieran comprar más pueden adquirir servicios educativos complementarios en
el mercado privado, como clases particulares. Este es, pues, el principal inconveniente de la provisión pública de bienes

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privados: no permite adaptarse a las diferentes necesidades y deseos de los ciudadanos, como ocurre en el mercado
privado. Esta desventaja se muestra en el siguiente gráfico:


Distorsiones generadas por la provisión uniforme : Cuando el Estado suministra la misma cantidad de un bien
privado a todos los individuos, unos obtienen un nivel superior al eficiente, y otros uno menor.

Por otro lado, el hecho de que los ingresos recaudados para financiar los bienes públicos se obtengan mediante
impuestos, como el de la renta, que influyen significativamente en los incentivos, tiene algunas consecuencias
importantes en lo que hace a la provisión eficiente de bienes públicos. La cantidad de bienes privados que deben
sacrificar los consumidores para obtener una unidad adicional de bienes públicos es mayor que si el Estado pudiera
recaudar ingresos mediante instrumentos que no influyeran en los incentivos y que no fueran costosos de administrar.
Veámoslo en el siguiente gráfico:


La curva de viabilidad muestra el nivel máximo de producción (consumo) de bienes privados correspondiente
a cualquier nivel de bienes públicos, teniendo en cuenta las ineficiencias que generan los impuestos que deben
gravarse para recaudar los ingresos necesarios. Se encuentra por debajo de la curva de posibilidades de la
producción.

A partir de todo lo expuesto puedo obtener una nueva conclusión. La educación no es un bien público, aunque
puede ser suministrada por el Estado. Como se ha expuesto, esto no es deseable ya que genera distorsiones e
ineficiencias. En caso de que lo haga, esta debería autofinanciarse, a través de arancele s, el cual es el primer sistema de
racionamiento anteriormente expuesto. Sin embargo, hasta hoy en la Argentina se ha optado por el segundo, según el
cual cada uno tiene una cantidad igual del bien, y está en él comprar más en el mercado privado o no utilizarlo si así lo
desea.

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Externalidades
Siempre que una persona o una empresa emprende una acción que produce un efecto en otra persona u otra empresa
por el que esta última no paga ni es pagada, decimos que hay una externalidad. Podemos distinguir en externalidades
positivas y negativas.
Las consecuencias de dichas externalidades es que la asignación de los recursos puede no ser eficiente. Consideremos,
por ejemplo, el caso de una empresa que pudiera reducir su nivel de contaminación gastando ciertos recursos propios.
El beneficio social podría ser grande, pero la empresa no tendría ningún incentivo para gastar este dinero, ya que ella
misma no obtendría ningún beneficio. Analicemos esto en un gráfico:


Producción excesiva de bienes que generan externalidades. La presencia de una externalidad negativa significa
que los costos sociales marginales son superiores a los costos privados, por lo que el equilibrio de mercado
conlleva una producción excesiva del bien (Qm es el equilibrio de mercado y Qe el nivel eficiente de producción).

Ahora apliquemos esto al tema que nos compete. Pocos pueden dudar que la educación brinda beneficios individuales a
quienes la adquieren. Sin embargo, también se sostiene que la educación genera una externalidad positiva, en el sentido
de que favorece una convivencia social más “civilizada”.
El beneficio privado es el incremento en el bienestar del estudiante, financiero o de otro tipo, que resulta de ser
educado. El estudiante puede capturar totalmente este beneficio en el sentido de que es él quien recibe el retorno sobre
la educación o se beneficia con las nuevas posibilidades que ésta trae consigo. Además, la educación hace que el
individuo perciba ingresos futuros mayores, y el valor actual de los mismos le permiten a éste ser una persona más rica
incluso mientras estudia. Pero se afirma que existe también una característica de la educación pública que hace que una
persona sea mejor “para la sociedad”. Se trata de un beneficio que es externo al individuo. Al hacer que el estudiante
sea más consciente del proceso democrático, por ejemplo, hay un beneficio conferido a todos los miembros de la
sociedad. Es un beneficio no capturado por el individuo que ha obtenido la sociedad. Más aún, por ser en este sentido
una persona mejor, cualquiera otra puede consumir ese beneficio; por ejemplo, el hecho de que un individuo se
beneficie porque un estudiante es una persona mejor no quiere decir que otro no puede también beneficiarse. El
resultado es que existe una tendencia a que dicho “bien público” sea sub-provisto. Nadie tiene un incentivo para
producir mucho de él, aún cuando todos piensan que es algo bueno.
FIEL10 atribuye las mismas características a la educación, aunque la define como bien semipúblico, refiriéndose a los
subsidios estatales: “Este subsidio se justifica por el carácter de bien semipúblico de la educación que posee
externalidades que hacen deseable contar con una sociedad con un grado de instrucción mayor. Si se dejara librada la
decisión de educarse a una instancia exclusivamente privada, aun cuando todos los individuos de la sociedad tuvieran
igual valoración de los beneficios del servicio se produciría una subinversión en educación comparada con la
necesaria para la obtención de un óptimo social”.
“Por consiguiente, el subsidio a la educación parece justificarse por lo menos hasta el monto que cubra el costo de
producir las externalidades que socialmente son deseables, y no aquella porción del producto de cuyos beneficios
futuros se puede apropiar cada individuo. Como el proceso educativo parece constituir un caso de producción
conjunta donde es imposible establecer las participaciones de cada tipo de producto educacional, el monto del
subsidio estaría dado, por una simple razón de equidad, por la capacidad de pago de cada individuo que se educa o

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expresa el deseo de educarse. Por otra parte, cada individuo debería pagar la educación que recibe, por lo menos
hasta cubrir el costo de producir aquella porción de producto educativo que constituya bien privado exclusivamente.”
Ciertamente, el hecho de que ese beneficio positivo exista no trae consigo “subinversión” de ninguna índole.
Precisamente porque existe tal beneficio externo es que surge la actividad voluntaria de los individuos para capturarlo,
sea la de los Partidos Políticos, las fundaciones, las entidades de beneficencia y la actividad educativa de muchos
individuos que difunden conocimientos por los medios de comunicación. La existencia de un sistema de educación
estatal ha tenido lugar no para suplir una “falla de mercado”, que subinvierte en la educación cívica o social de los
ciudadanos, sino por otras razones, mucho más relacionadas con el poder del Estado y la voluntad de los gobernantes
de perpetuarlo.

Igualdad de oportunidades
Ya en la introducción del presente trabajo me he referido a la desigualdad de los individuos. Si hemos comprendido
que cada uno de éstos son seres únicos diferenciados de todos los demás, forzosamente hemos de concluir que en modo
alguno son iguales las oportunidades “de hacer cosas” que cada uno tiene. Unos tendrán más oportunidades que otros
en algunas cosas y menos en otras según las circunstancias y las características propias de cada sujeto. Más
precisamente, debemos señalar que de la naturaleza del ser humano se desprende la desigualdad de oportunidades,
según sean las inclinaciones, capacidades, talentos, gustos, preferencias, etc. No tiene la misma oportunidad de jugar al
fútbol el lisiado que el que se encuentra en buen estado físico. No tiene la misma oportunidad de entender álgebra el
incapaz que el que no lo es.
Pasemos ahora al caso económico. En el mercado, tendrán mayores oportunidades de comprar cosas aquellos que
relativamente cuentan con mayores recursos. Si se trata de una sociedad libre, esto implica que, en el área comercial,
aquellos que poseen mayores patrimonios han sabido atender las necesidades de sus semejantes de la mejor manera
posible. Los recursos le son confiados en el plebiscito diario que se realiza en el mercado, en la medida de su aptitud
para atender los reclamos del consumidor. Los siempre escasos factores productivos asignados de este modo permiten
aumentar las utilidades allí donde la productividad es mayor, y por ende, permiten incrementar el ritmo de
capitalización, lo cual, a su turno, se traduce en aumentos de ingresos y salarios en términos reales. Esto último, a su
vez, es lo que facilita mayores oportunidades para los que hasta ese momento no las tenían debido a razones
económicas. Así, un mayor número de personas ve incrementadas su capacidad de ahorro y sus condiciones de vida.
Si, por el contrario, en nombre de la igualdad de oportunidades el gobierno aplica la coacción redistribuyendo ingresos,
el resultado neto será el haber disminuido las oportunidades de todos pero muy especialmente de los relativamente más
pobres. La redistribución de ingresos significa que el gobierno vuelve a distribuir coactivamente aquello que el
mercado ya había distribuido según la eficiencia de cada cual para atender las necesidades del prójimo. Dicha
redistribución tácitamente apunta al igualitarismo. Supongamos que se pretende nivelar ingresos en 400. Esta política
producirá dos resultados: a) nadie en su sano juicio producirá más de 400 si sabe que lo expoliarán por la diferencia y
b) los que se encuentran bajo la línea de 400 no se esforzarán en llegar a ella puesto que consideran que serán
redistribuidos por la diferencia, cosa que no sucederá debido al primer resultado que hemos apuntado.
No es necesario llegar a la total nivelación de ingresos para que estos efectos se pongan de manifiesto. Los resultados
que señalamos aparecerán en la medida en que la redistribución tenga lugar. La menor capitalización a que tal política
conduce disminuye ingresos y salarios en términos reales con lo cual en última instancia, se están vedando
oportunidades a todos pero, como hemos dicho, esto repercute especialmente sobre los marginales respecto de la
satisfacción de requerimiento mínimos.
Esto nos lleva a otra acepción del concepto de igualdad de oportunidades que, en verdad, se confunde con la igualdad
ante la ley. Si la referencia es a la indispensable igualdad de derechos debe subrayarse que ésta es condición sine qua
non para la existencia de una sociedad libre. Pero, como hemos señalado también, una cosa es que a los individuos
desiguales se los trate de un mismo modo ante la ley y otra cosa bien distinta es que se los haga iguales mediante
la ley, lo cual significa la peor de las desigualdades. Por ello la igualdad de oportunidades, en la práctica significa
desigualdad ante la ley, lo cual, a su vez, implica que los individuos no tienen iguales derechos. Con justeza se ha
dicho que la “igualdad de oportunidades es la oportunidad de ser iguales”, cosa que, por las razones señaladas, se
traduciría en el sistema más antihumano que pueda concebirse. La igualdad de oportunidades así entendida conduce a
que un mayor número de gente tenga menores oportunidades como consecuencia de la redistribución de ingresos, lo
cual, en definitiva, incluye menores posibilidades de educarse.

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En palabras del Premio Novel de Economía 1974, Friedrich A. von Hayek “aquí puedo mencionar el hecho de que
solamente porque los hombres son en realidad desiguales, podemos tratarlos con igualdad. Si todos los hombres
fueran completamente iguales en sus dotes e inclinaciones, tendríamos que tratarlos en forma diferente para lograr
cualquier especie de organización social. Afortunadamente, ellos no son iguales y, sólo debido a tal circunstancia, la
diferenciación de funciones no necesita ser determinada por la decisión arbitraria de alguna voluntad organizadora
sino que, después de crear la igualdad formal de las normas que se apliquen a todos de la misma manera, podemos
dejar a cada individuo encontrar su propio nivel. Hay una gran diferencia entre tratar a la gente con igualdad e
intentar hacerlos iguales. Mientras lo primero es la condición de una sociedad libre, lo segundo implica, como De
Tocqueville lo describió, una nueva forma de servidumbre.”11

“Efecto desplazamiento” y doble imposición
Ya he hablado del déficit fiscal y de las cuatro fuentes de financiamiento. Sin embargo no he detallado un punto que
considero importante. Este es el del endeudamiento interno y el efecto desplazamiento que éste genera.
Cuando un gobierno debe hacer frente a un déficit fiscal, éste tiene entre otras alternativas la de tomar crédito en el
interior del país a través del sistema bancario. Cuando los bancos prestan dinero al Estado a una tasa de interés generan
un efecto desplazamiento. Esto significa, que al prestar el dinero al Estado, la tasa de interés sube para los empresarios
locales, dado que el Estado les representa mayor seguridad (menor riesgo).
Pero, ¿qué relación existe entre esto y la educación? Mientras que el Estado actúa como una aspiradora de créditos,
eliminando la posibilidad de las empresas como tomadores, la universidad pública gratuita toma un papel similar con
los estudiantes dado por la ventaja de la gratuidad frente a las Universidades Privadas. Es decir, que puedan o no
pagar una universidad privada, la mayor parte de los alumnos entra en la universidad pública, por el menor
gasto que esto significa. Por otro lado, los mismos alumnos que asisten a la Universidad Privada, pagan los impuestos
como cualquier ciudadano, lo cual significa que mientras pagan el arancel, (además de los materiales de estudio, las
inscripciones, las matrículas, las cuotas, los derechos de examen y los trámites de equivalencias) de la Universidad
privada a la cual asiste, también contribuye con el mantenimiento de la Universidad pública. Esto significa una doble
imposición, lo cual elimina la sana competencia, distorsionando la eficiencia del mercado.
Este es un argumento más para implementar un arancel, el cual haría que quienes estudian en la universidad pública y
reciben sus beneficios, contribuyan a financiarlo. Si la universidad pública alcanza el autofinanciamiento o bien, deja
su lugar a la actividad privada, entonces eliminamos el problema de la doble imposición, y la distorsión en la eficiencia
del mercado.

¿Más gasto, más educación?
Uno de los conceptos profundamente arraigados en el ámbito de la educación es aquel que señala que los problemas se
deben a la escasa asignación de recursos por parte de las autoridades estatales. De allí que se presente la elevación del
gasto público en materia de educación como parte fundamental de la solución.
Sin embargo, como expresan Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause “no existe ninguna relación directa entre el
mayor gasto y una mejor educación, mientras que, por otro lado, la administración y planificación estatales no
garantizan ningún grado de eficiencia en el gasto realizado. Como los incentivos para la eficiencia no existen, no
puede esperarse ninguna mejora en la calidad”.12
A esta conclusión han llegado numerosos estudios:
Según un informe aparentemente originado en Asuntos Universitarios del Ministerio de Cultura y
Educación (La Nación 20/12/92) “no se soluciona nada con un mejor presupuesto si subsisten hechos
que señalan una estructura destinada a ser ineficaz”, que seguidamente enumera: “superposición
geográfica de la oferta académica, sobredimensionamiento administrativo, esquema de la planta docente
y no docente irracional con respecto a medias mundiales; crecimiento anárquico del sistema, nunca
coordinado ni planificado en su conjunto; sólo el 45 % de los alumnos llega a terminar los estudios;
duración promedio real de estudios de dos y tres años más que la teórica y producto final sin adecuación
a la demanda”.
Según el artículo “la tesis sostiene que, aun con más dinero, la presencia en el sistema universitario de deficiencias
estructurales y de escasa eficiencia es más que suficiente para inutilizar cualquier refuerzo financiero.”
Y luego menciona algunas de esas ineficiencias:

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- En el caso de la superposición geográfica de carreras, se menciona la de Administración, que se dicta
en San Juan, San Luis, Córdoba, Cuyo y Río Cuarto, con una desproporción enorme entre alumnos
ingresados (214 , con 9 egresados en 1990).
- Respecto del sobredimensionamiento administrativo, se menciona el caso del rectorado de la UBA, con
1189 empleados, sobre un total de 9373.
- Se menciona el hecho de que las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas juntas no
llegan a los 700 empleados, para atender a más de 45.000 alumnos.
- En el sistema universitario argentino hay 107.000 docentes para 697.000 estudiantes, es decir, un
docente por cada 6.5 alumnos.
- Los patrones internacionales hablan de 19 estudiantes por docente (España) o 17 (Alemania), u 11(Gran
Bretaña). Un nivel pedagógico óptimo, indica el informe, se ubica en los 15/20 alumnos por docente.
- Hay 787 carreras en las universidades nacionales, que otorgan 1584 títulos. De tantas carreras un poco
menos de la mitad –292- tienen menos de 75 alumnos, con un promedio de 15 por curso.
“La Argentina destina, en promedio, el 19 % de sus gastos ordinarios en educación al pago de
personal administrativo, una cifra que, según la UNESCO, en América sólo es superada por Haití, con más del 22 %
del gasto (pero también con 47 % de analfabetos). Corea desvía hacia la burocracia educacional menos del 12 % de sus
gastos ordinarios, Canadá el 6 % y Bolivia el 4,5 %” (La Nación, 27/7/92).
En conclusión considero que esta evidencia debería ser suficiente para establecer, no, por supuesto, que en dichos
sistemas los fondos y el resultado de la educación están inversamente relacionados, sino solamente que la creencia
común de una proporcionalidad directa entre los fondos y los resultados es absurda.

Modelos Educativos 13
Para culminar la primera de las dos partes que conforman el desarrollo de este informe, se analizan dos modelos
educativos ejemplares como lo son el modelo descentralizado público Alemán, y el modelo descentralizado mixto de
los Estados Unidos. Esto nos permitirá obtener observaciones sobre la experiencia internacional en materia educativa.
Los modelos que históricamente han prevalecido son: 1) Centralizado público; 2) Descentralizado privado; 3)
Descentralizado mixto; 4) Descentralizado público.
Los dos primeros tienen relevancia tan sólo histórica. Los sistemas prevalecientes son el Descentralizado mixto, siendo
Estados Unidos de Norteamérica el paradigma del mismo y el Descentralizado público, siendo Alemania el paradigma
referente. Nuestro país tiene desde hace 35 años un modelo Descentralizado mixto con la particularidad que no existe
subsidio fiscal para las universidades privadas.

Modelo Alemán
Alemania cuenta con un modelo descentralizado público. Allí el sistema de admisión es diferente por tipo de carrera y
universidad y variable con el tiempo (regulación de la demanda). En carreras del tipo de Economía, Informática,
Ciencias Empresariales y Sociales, etc., el sistema garantiza la plaza pero las distribuye por universidad. En disciplinas
como Biología, Psicología, Agronomía, etc., es selectivo por el promedio obtenido en la educación media. En carreras
de tipo médico se exige un test de evaluación. De ser necesario, en cualquier disciplina, se recurre al sistema de cupos
con alternativa de espera.
Son gratuitas para el matriculado que además puede acceder al crédito educativo. El Gobierno Federal subsidia la
investigación y los gastos de infraestructura. Los gobiernos locales subsidian los gastos corrientes y se registran
importantes ingresos por venta de servicios. Son autónomas y cogobernadas.

Modelo Norteamericano
Estados Unidos tiene un modelo descentralizado mixto. En 1989 EE.UU. tenía una matrícula de 12.3 millones dividida
en 9.5 millones en universidades públicas y 2.8 millones en universidades privadas. El porcentaje del PBI destinado a
educación superior era de 2.6 %.
El sistema de ingreso incluye un test de admisión y se encuentran arancelados tanto las universidades públicas
como las privadas. El arancel (por todo concepto) es del orden de US$ 2.000 por año en las públicas y de US$ 10.000
en las privadas. A esto puede adicionarse los gastos de alojamiento y alimentarios que son de alrededor de US$ 3.000
anuales en las primeras y de US$ 5.000 en las privadas. Las becas (por mérito) o el crédito educativo oscilan en los
US$ 2.500 por año.

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El 40 % de la matrícula goza de becas y el 25 % dispone de crédito educativo.
La estructura del financiamiento es del tipo (en %)
Públicas Privadas
- Arancel 15 39
- Subsidio Fiscal (Investigación) 10 15
- Subsidio estadual 45 2
- Subsidio local 4 1
- Venta de servicios 20 24
- Otros 6 9

Por cierto que es posible encontrar soluciones intermedias en tanto aseguren la equidad y la eficiencia. La falta de
eficiencia interna –léase caída de la calidad del bien educación- conforma la mayor inequidad por no denominarla
estafa educativa.
En términos doctrinarios un sistema educativo con fuerte componente financiero proveniente del subsidio fiscal debe
asegurar la progresividad de éste.
Una conclusión que podemos obtener analizando estos “modelos” es que si se aceptasen tanto el arancel como una
mayor venta de servicios, eso podría ayudar, basándonos en el modelo de EE.UU., a financiar el 35 % del gasto
universitario total. Sin embargo, debemos remarcar en base a los argumentos que venimos desarrollando que esto haría
persistir el problema de la provisión estatal de la educación superior, con todas las ineficiencias y distorsiones que esto
implica.

PROPUESTAS

1) El Proyecto Petrei
Estos son algunos puntos fundamentales del proyecto del economista Humberto Petrei:
- “Para contribuir a la eficiencia y a la equidad del gasto en educación parece legítimo que los estudiantes de
hogares de ingresos medios-altos y altos se hagan cargo de una parte de los costos. Lo ideal sería que, al mismo
tiempo, hubiera un sistema de becas para alumnos capaces y pobres.”
- “Una forma práctica de materializar el cobro es a través de una vía indirecta. Consiste en cobrar una sobretasa
en los impuestos directos (Ganancia y Bienes Personales) a aquellos que tienen hijos en la universidad pública.
Quienes tienen ingresos suficientes pagarían en proporción a sus recursos. Quienes tienen ingresos limitados,
automáticamente no pagan. Así al registrarse, lo único que tendría que proporcionar el alumno sería el número de
inscripción impositiva de sus padres”.
- “Si se aplica el impuesto al 25 por ciento de la población con ingresos altos y, suponiendo niveles de evasión
del 25 por ciento, con una sobretasa impositiva muy moderada del 1 ó 2 por ciento, podría financiarse entre el 25 y el
30 por ciento del presupuesto universitario.”
El miércoles 16 de mayo de 2001, el ex ministro de Educación y presidente de una comisión de notables para reformar
la universidad, Hugo Juri, anunció la intención de promover este pago selectivo para sueldos mayores de 2.000 pesos.
Y se disparó la polémica. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) dijo que era un “ataque a la clase
media”. Al, en ese momento, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Oscar Shuberoff, le pareció
“inconveniente”. Y los diputados del Frepaso señalaron: “No podemos perseguir a los argentinos porque ganen mil o
dos mil pesos.” El jueves a la noche un grupo de estudiantes protestó frente a la Facultad de Economía de la UBA.
Delich se mantuvo firme en su proyecto y valoró que se abriera el debate sobre el financiamiento. Pero el viernes
corrigió el “piso” de 2.000 a 3.000 pesos y luego desechó el proyecto.14
Pero analicemos la propuesta: Con la instalación pública de un nuevo impuesto se intenta convertir a la educación
pública en la base imponible de una nueva contribución impositiva. El Ministerio de Educación parte de un diagnóstico
cierto. Muchos jóvenes argentinos no pueden acceder o permanecer en el sistema de educación superior por la
situación social que atraviesan ellos o sus familias. Pero la solución propuesta no es la adecuada. Proponer una tasa,
gravamen, arancel, o impuesto donde el eje pase por transformar a la educación pública en una actividad
imponible es el peor de los instrumentos, es una vieja y mala idea. No es más que una nueva política fiscalista.
Poco después surgió un nuevo proyecto para que los estudiantes de la universidad pública, que tienen una educación
gratuita, tengan un CUIT y al recibirse paguen los estudios realizados. Las respuestas no apoyaron dicho proyecto. Por

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ejemplo, Ferreira, ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA señaló al diario Ámbito Financiero: “Ese proyecto
es una barbaridad, se castigará a los buenos y se premiará a los ineficaces, lo pagarán los mejores y lo gozarán los
inútiles”. Esto lo dijo en alusión a que sólo pagaría quien alcance el título, mientras que quienes queden en el camino,
no habrán participado de la inversión. Sin embargo es un punto para tener en cuenta. En este caso, quien se reciba
saldaría su deuda una vez terminada la carrera. Similar a esta propuesta es el caso de los créditos privados o estatales
que trataremos al final del trabajo.
Otro proyecto interesante es el siguiente: aquel que se gradúe con los beneficios de la educación superior gratuita debe
pagar los estudios de otro en sus mismas condiciones, esto es que a pesar de contar con la capacidad para realizar
estudios universitarios no cuenta con los medios para hacerlo. Este último, haría lo mismo una vez alcanzado el título,
y así sucesivamente. De esta forma, nuevamente se consigue que la inversión la haga quien se beneficia de los estudios
realizados.

2) Limitación del ingreso
Ya hemos estudiado al comienzo del presente trabajo la crisis por la cual pasa el sistema de educación superior vigente.
Uno de los puntos señalados de mayor trascendencia entre alumnos, profesores, graduados y directivos es el que hace
alusión al ingreso irrestricto y la consecuente deserción. Al respecto Ferreira dice que es “un método perverso que
frustra a miles de jóvenes que no llegan al final de sus estudios [...] gracias a la subvención de la sociedad: si hubiera
tenido que pagar su cronicidad tal vez no hubiera llegado a ella”.
Esta situación se refleja en los cuadros anexos Nº 3, 4 y 5 donde encontramos las siguientes conclusiones ya citadas,
pero que considero necesario repetir: 1) el costo promedio por alumno es de $ 1.523 anuales y el costo promedio por
egresado es de $ 45.044; 2) una relación de alumnos/graduado alta, reflejando el grado de fracaso, abandono de las
carreras y demoras elevadas en graduarse que pueden ser consecuencias de las falencias de la educación básica así
como de un grado de tolerancia excesivo para el cumplimiento de los requisitos académicos; 3) el bajo porcentaje de
egresados sobre los nuevos inscriptos en las carreras (13%) o, dicho de otra forma, para poder obtener un egresado es
necesario que ingresen 7 alumnos por año.
Y remarquemos un hecho curioso: los únicos casos en el mundo de sistemas sin mecanismos de selección explícitos
para el ingreso son la Argentina, Uruguay y Bolivia. De distintas maneras el resto de los países selecciona a sus
alumnos.
Creo que los datos hablan por sí solos. El ingreso irrestricto en gran porcentaje es responsable de la crisis del sistema
vigente. Sin embargo, antes de concluir este punto considero útil repasar las palabras de un defensor de la universidad
pública: “La defensa de un sistema libre de ingreso, por su parte, resalta el rol de contención social que cumple la
universidad y la demora que propicia en la presión sobre el mercado laboral en un país donde la desocupación supera
el 20 por ciento .” En esta dirección piensa el filósofo Tomás Abraham, quien nos dice que imponer alguna restricción
es el inicio de una “terrible injusticia” que terminará con un grupo limitado de gente que, por su nivel económico,
pueda costear algún curso de ingreso.
Este punto nos permite tomar una nueva conclusión: considero que gran parte del problema en estudio podría
resolverse por medio de la limitación al ingreso de nuevos alumnos, esto es un simple examen de ingreso. Pero ¿por
qué? En primer lugar porque como hemos visto el ingreso irrestricto es responsable en un gran porcentaje de la crisis
del sistema vigente en la actualidad. No existe en el mundo un sistema educativo serio con una entrada irrestricta a la
universidad, o sin un método de selección. Sólo nuestro país, Bolivia y Uruguay tienen este sistema, y no somos
necesariamente un modelo a imitar. En segundo lugar, porque la universidad no debe tomar un rol de contención
social. La educación cumple un rol fundamental en el desarrollo de todos los países, y su objetivo debe ser formar
capital humano. “La educación es el sine qua non de cualquier sociedad, puesto que a través de este proceso se forman
los valores sobre los que se asientan las conductas individuales y sobre los que descansa la perspectiva desde la cual
se mira el mundo.”15
Suponer que la universidad debe ayudar al lamentable y enorme número que significa el 20% de desempleados que
tenemos en la Argentina para contenerlos y no para educarlos, cumple el mismo objetivo lamentable que los “planes
trabajar”. Creo que es hora de buscar soluciones de fondo. Esto es, crear un contexto favorable con reglas de juego
claras e instituciones fuertes que permita que surjan empresas para solucionar el problema del desempleo, y darle a las
universidades el rol de educar. En un país serio la contención social no puede buscarse por medio de las universidades.

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3) Vouchers
Muchos economistas han estudiado este sistema como alternativa, e incluso el mismo se ha implementado en varios
estados de Estados Unidos. Pero, ¿qué son estos Vouchers, vales o bonos? Jorge Macón, profesor titular de Finanzas
Públicas de la Universidad de Buenos Aires, explica que: “la propuesta consiste en eliminar la prestación del servicio
de educación, tal como lo conocemos desde Sarmiento y –sin eliminar la gratuidad reemplazarla por la asignación a los
padres de vouchers fiscales, que permitirían enviar a sus hijos a la escuela pagando el servicio con esos documentos.
Estos serían asignados a cada familia con hijos educandos, por el gobierno, probablemente provincial y las escuelas se
financiarían presentando esos vouchers al Estado.” Y continúa diciendo: “El sistema es ingenioso, ya que incorpora al
servicio de educación, una parte sustantiva de los presupuestos públicos, las ventajas en ahorro de recursos y aumentos
de la eficiencia, que supone el sistema de mercado, sin por eso dejar de mantener la tradición de la educación gratuita y
sus efectos redistributivos del ingreso.”16 Aplicado esto al caso que estamos estudiando, sería ya no arancelar la
Universidad Pública, sino más bien, eliminarla. Dejar al mercado la provisión del bien educación, obteniendo los
beneficios que la competencia puede darle. Por su parte los vouchers serían entregados a todos aquellos que no tienen
recursos suficientes para asistir a una Universidad Privada. Para Macón: “[...] el sistema mantendría su carácter
redistribuidor, aunque a cambio requeriría un aparato administrativo importante y una reglamentación complicada, para
identificar quienes reciben los vouchers y quienes no”.
Por otro lado Alberto Benegas Lynch (h) nos dice que “[...] el aspecto fundamental de esta propuesta, y la diferencia
esencial con el actual gasto público estatal, es que la elección queda en manos del estudiante y no en manos de los
burócratas. Por otro lado, se acomoda a un marco competitivo que fomenta en el servicio y existe una clara rendición
de cuentas respecto de los resultados de la enseñanza. Además, los estudiantes pueden realizar un esfuerzo adicional y
suplementar el vale recibido para alcanzar una institución de nivel o calidad superior. Por último, se eliminarían
aquellas empresas estatales denominadas universidades del Estado, desregulándose totalmente el mercado para
asegurar la libertad de elección.” Cabe aclarar que a pesar de estas ventajas, Alberto Benegas Lynch no está de
acuerdo con la implementación de los mismos, punto que observaremos al estudiar la siguiente propuesta de créditos
educativos.
Otra opinión sobre este sistema nos la da Jacob G. Hornberger, quien es presidente de “The Future of Freedom
Foundation”. Dicho autor en un artículo titulado “Vouchers es sólo otro esquema de bienestar” critica algunas palabras
de Milton Friedman, quien dijo: “Lo que se necesita para una verdadera industria educativa competitiva es una
irrestricta cantidad de vouchers del tamaño sustancial como para cubrir a todos los estudiantes del Estado.” Según
Hornberger, Friedman está equivocado: “Lo que se necesita actualmente para una industria educativa competitiva es
un mercado libre en educación, no otro gigante esquema de bienestar. Y un verdadero mercado libre significaría el fin
de la intervención del Estado en educación, incluyendo el fin del programa de bienestar conocido como vouchers”17.
Su argumento se basa en la explicación de que los vouchers operan de la forma en que lo hacen todos los programas de
bienestar, esto es, utilizando el monopolio de la fuerza del Estado para cobrar impuestos, lo cual significa sacarle
dinero a aquellos que le pertenece para dárselo a aquellos a los que no le pertenece. La propuesta de Jacob Hornberger
no es otra que terminar con la intervención del Estado en materia educativa.
Para terminar quiero analizar las conclusiones de un trabajo de Pablo Guido y Guillermo Yeatts, ya citado con
anterioridad al exponer el diagnóstico del tema en estudio. El trabajo llamado “Vouchers: los recursos regresan a la
comunidad” concluye con la siguiente propuesta: consiste en entregar “vouchers” a los alumnos que estuvieran en
condiciones académicas de lograr el ingreso a la educación superior pero no pudieran obtener el financiamiento
respectivo para poder acceder a una universidad privada. Y continúa: “En ese caso deberíamos considerar como el
límite superior de potenciales beneficiarios a unos 50.000 alumnos, es decir, la cantidad suficiente como para que el
80% de ellos pueda graduarse (considerando probables deserciones) y obtener así una cantidad similar a la que
actualmente se gradúa en las universidades públicas (37.609 alumnos se graduaron en 2000). De esta manera el Estado
estaría financiando el estudio universitario de esa cantidad de personas por un monto anual aproximado de $ 275
millones. Ese monto es el equivalente por persona de $ 5.500 anuales, cifra que se encuentra por encima de cualquier
universidad privada (con escasas excepciones en el mercado local). Siguiendo este supuesto, el Estado se estaría
ahorrando anualmente unos $ 1425 millones”.
Desde mi punto de vista, la propuesta es más que interesante desde que logra sacar al Estado de la provisión directa de
la educación superior, incluyendo al entonces inservible “Ministerio de Educación”, a la vez que reduce fuertemente el
gasto en dichas instituciones logrando que caiga a menos de un 20 % de lo que es en la actualidad.

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Sin embargo, me inclino por las palabras de Jacob Hornberger, quien nos dice que este es otro esquema de bienestar,
puesto que el Estado continúa financiando el sector. Puede servir como una política de transición ya que desde donde
se lo mire mejora la situación en estudio, pero debe apuntarse finalmente a la provisión del mercado.

4) Créditos estatales
Los programas de asistencia a estudiantes del gobierno federal buscan cumplir objetivos muy loables. Los Préstamos
Pell, por ejemplo, tienen el objetivo de hacer financieramente posible que estudiantes de familias de bajos ingresos
accedan a una educación superior. El propósito es asistir a los estudiantes para cursar el college. Las garantías federales
fueron creadas para darle una mano a estos estudiantes cuando la necesitan, alentando a los bancos a prestar dinero a
aquellos que –hasta que se gradúen y tengan un empleo- no tienen suficiente garantía como para obtener un préstamo.
En su aplicación práctica, sin embargo, estos programas están plagados de problemas. El programa de préstamos
Stafford por ejemplo, muestra algunos de los peores rasgos de los programas gubernamentales. Con el tiempo, cada vez
más familias de clase media han sido aceptadas en el programa que originalmente fuera creado para los pobres. El
resultado: los fondos ya no están tan disponibles para los solicitantes de bajos ingresos.
En un trabajo realizado por Castañeda llamado “Para combatir la pobreza, política social y descentralización en Chile
durante los ’80”, se estudia el caso de este país vecino: El gobierno pasó del antiguo sistema consistente en entregar
dinero a las escuelas y universidades, que se basaba en las tradicionales asignaciones fiscales destinadas a sueldos de
profesores y otros costos, a uno que permitía canalizar los recursos sobre la base de las cifras de asistencia a clases de
los estudiantes. Según el nuevo sistema si las instituciones públicas requieren mayores recursos deben aumentar sus
matrículas o reducir la tasa de deserción escolar y, por ende, competir con el sector privado. Si bien las reformas no
introdujeron cargos para los usuarios de las escuelas primarias y secundarias sí elevaron los derechos de matrícula a
nivel universitario suministrando al mismo tiempo préstamos para los estudiantes más avanzados.
Aunque los préstamos a los estudiantes han aumentado substancialmente desde que fueron introducidos y constituyen
ahora más de un cuarto del financiamiento universitario, subsisten varios problemas. El otorgamiento de subvenciones
es alto, los estudiantes de las universidades privadas y de los institutos profesionales que pueden tener tan pocos
recursos como algunos de los que estudian en las universidades públicas o privadas subvencionadas quedan excluidos.
Más aun, inicialmente las universidades administrarían los préstamos, por lo que animaban a sus estudiantes a
solicitarlos de modo de asegurar el pago de matrícula.
Por otro lado, nuevamente Alberto Benegas Lynch (h) opina sobre este tema: “El problema de estos programas es su
característica esencialmente política. Por ello, una vez iniciados, los funcionarios o políticos se sienten incentivados
para extender sus beneficios a sectores cada vez más amplios, y no necesariamente a los más necesitados,
incrementando el gasto público y el control estatal de los establecimientos receptores; y se ven restringidos a imponer
las medidas de control necesarias para mantener esos programas dentro de pautas financieras sanas. Ambas medidas
tienen resultados políticos deseables: Una amplía la base de apoyo y la otra evita una posible reducción.[...] Conviene
también tener en cuenta que los vouchers implican que la gente que no tiene condiciones intelectuales para acceder a
ciertos niveles educativos formales debe financiar coactivamente los estudios de gente considerada más competente”
Algo similar ya nos decía Leonard E. Read en una de las obras que a quien escribe más placer le ha dado leer, “¿Por
qué no ensayar la libertad?”: “El oportunismo político se alimenta de los perjuicios que él mismo provoca. Cada mal
que produce pone en movimiento, a su vez, a otros males compensatorios. Por su propia naturaleza, el oportunismo
político conduce inevitablemente a un punto muerto .” Esto nos da pie entonces para estudiar una última propuesta.

5) Créditos privados
El punto tratado al final del apartado anterior, no es otro que el difundido por la conocida escuela de “Public Choice”,
en donde podemos tomar como referente al premio Nóbel de Economía James Buchanan. En resumen, el problema de
los créditos estatales y de toda intervención pública en cualquier área es su característica “esencialmente política”. En
consecuencia debemos buscar otra solución alternativa.
Como se ha desarrollando al final del apartado referido a la propuesta del economista Humberto Petrei, lo importante al
buscar una solución para el tema que nos concierne es que la educación superior sea financiada por quien se educa y
recibe los beneficios de la misma. Sea que lo haga antes, durante o una vez finalizados sus estudios, sea a través de un
crédito bancario o un préstamo familiar, o de cualquier forma, el estudiante se beneficiará de los ingresos futuros los
cuales a su turno le permitirán hacer frente a su deuda. Esto es lo que en economía llamamos “inversión”. Todo
individuo a lo largo de su vida debe decidir si hacer frente a la misma o no, con el costo y riesgo que esto signifique.

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Cabe destacar que uno de los principios del liberalismo o del individualismo que defendemos en este trabajo, es que los
costos o beneficios de las buenas o malas elecciones de cada individuo, debe sufrirlos el responsable de las mismas.
En consecuencia, la educación superior debe quedar librada al estudiante, y no al Estado. Es el primero quien debe
decidir si invertir en educación o en comprar cualquier otro bien o servicio alternativo.
Es en base a lo dicho que surge la propuesta de otorgar créditos privados, los cuales no varían de los obtenidos para
comprar una casa, un auto o un electrodoméstico. La garantía es entonces el capital humano que obtiene quien se
gradúa y los beneficios futuros mayores que éste percibirá producto de la educación que recibe. Sería importante en
base a lo expresado que haya convenios entre universidades y bancos privados para poder otorgar créditos a quien lo
necesite, siempre y cuando cuente con la capacidad para terminar sus estudios. Esta demás aclarar que el Estado aquí
ya no jugaría ningún rol, y que el otorgamiento o no del préstamo depende sólo de los particulares.

6) Asistencia para los que no tienen recursos
No existe mejor alternativa, en base a todo lo dicho, que la contribución privada voluntaria a la educación de los más
pobres, lo cual no sólo es más eficiente y no plantea los problemas anteriores que surgen por el uso de fondos fiscales,
sino que es éticamente superior, ya que se trata de asistencia prestada con los fondos y esfuerzos de quien la otorga y
no con fondos obtenidos por medio del poder coactivo del Estado.
En este caso la asistencia tomaría la siguiente forma: a) Las instituciones sin fines de lucro cuyo objetivo es el de
brindar educación a la población; b) Los esfuerzos individuales de todo tipo que se realiza continuamente, aunque no
son registrados ni concitan mucha atención; c) Nuevas alternativas aun no desarrolladas en el país como “vales” o
vouchers privados. Esta nueva iniciativa fue originada por una empresa llamada Golden Rule Insurance Company, la
cual inició su propio programa de vouchers para ayudar a los hijos de familias pobres en Indianapolis a educarse en
escuelas privadas. Esta novedad se ha extendido a un grupo de empresas de Texas que ha creado lo mismo en la ciudad
de San Antonio; d) También puede ser importante una campaña en búsqueda de donaciones privadas; e) Lo que es muy
similar, el ofrecimiento de becas por parte del sector privado para que determinados estudiantes puedan continuar y
completar sus estudios en instituciones educativas privadas; f) Convenios entre universidades y bancos privados para
poder financiar a quienes no tienen recursos y cuenten con la capacidad necesaria. Luego de alcanzado el título, estos
se harían cargo de la inversión realizada; g) El gobierno transitoriamente ofrecerá becas y créditos educativos (a tasas
y/o plazos más atractivos que los de mercado) para aquellos que voluntariamente lo soliciten, no cuenten al momento
con ingresos suficientes y tengan las aptitudes como para estudiar lo que solicitan (esta última condición se verificará
a través de los requisitos de ingreso que establezcan las instituciones privadas). La beca o el crédito estatal se aplicará a
la institución privada que desee el solicitante.

Conclusiones Finales
La conclusión más importante a la cual he llegado al realizar este trabajo es que el financiamiento de las
instituciones educativas que proveen educación superior en la Argentina no debe ser realizado por el sector
público.
Se han expuesto argumentos suficientes para poder sostener esta afirmación. En primer lugar, tenemos que tener en
cuenta que la crisis por la cual pasa el sistema educativo no es otra que la que experimenta toda área en la cual
interviene el Estado argentino. En segundo lugar, dado que es imperioso disminuir la presión tributaria, terminar con la
emisión monetaria y eliminar la posibilidad de endeudamiento, se debe reconsiderar toda área de intervención estatal,
incluso la educativa, que tanto nos duele a los argentinos.
Por otro lado se ha llegado a importantes conclusiones que discuten los argumentos que defienden la participación del
Estado en el financiamiento educativo superior tales como: a) La educación no es un bien público, aunque puede ser
suministrada por el Estado. Como se ha expuesto, esto no es deseable ya que genera ineficiencias y distorsiones; b) Las
externalidades positivas que genera la educación superior, si bien existen, no son la causa de la intervención estatal en
esta materia. Por otro lado, la mayor parte del beneficio de la educación las recibe quien se educa, por lo cual es
fundamental que éste participe del financiamiento; c) Si en nombre de la igualdad de oportunidades el gobierno
aplica la coacción redistribuyendo ingresos, el resultado neto será el haber disminuido las oportunidades de todos pero
muy especialmente de los relativamente más pobres; d) Una cosa es que a los individuos desiguales se los trate de un
mismo modo ante la ley y otra cosa bien distinta es que se los haga iguales mediante la ley, lo cual significa la peor de
las desigualdades; e) Las instituciones estatales de educación son discriminatorias respecto de las privadas. Provocan
un efecto desplazamiento y a su vez, doble imposición.. Esto elimina la sana competencia, distorsionando la eficiencia

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del mercado; f) No es cierto que la mayor asignación de recursos por parte de las autoridades estatales solucione el
problema. A partir de esto, y sólo a partir de esto, podemos hablar de una propuesta que de ninguna manera constituye
la solución final.
En primer lugar, quiero destacar que si las universidades públicas no son privatizadas , es fundamental cambiar
algunos puntos básicos (aunque esto no constituya una solución, considero que mejoraría la situación): 1) Rechazar el
proyecto Petrei, dado que no soluciona absolutamente nada, sino más bien genera aún más problemas, ineficiencias, y
distorsiones. Un nuevo impuesto es inviable, dado el contexto económico actual; 2) En su lugar, implementar un
proyecto para aplicar el arancelamiento a todos los alumnos de las universidades públicas, permitiendo la obtención de
becas para aquellos que no tengan recursos. Estas se otorgarían sólo en caso de demostrar capacidad en un examen de
ingreso; 3) Implementar un ingreso selectivo a través de un examen de ingreso. Este sería un mecanismo para controlar
el ingreso a las carreras más solicitadas como por ejemplo, medicina o aquellas de ciencias económicas. Es sumamente
importante tener un método de selección que no permita el ingreso de todos aquellos que no están capacitados para
estudios superiores. Para ello también sería importante implementar mejoras en la educación media, de manera que no
existan las desigualdades que hoy tenemos; 4) Las universidades públicas argentinas deben tender a imitar el modelo
estadounidense. Para ello, su presupuesto debería estar integrado no sólo por subsidios estaduales, sino también por
aranceles y venta de servicios. La suma de estos tres mecanismos de financiamiento le permite a las universidades
públicas del norte contar con el 80 % de su presupuesto; 5) Realizar un estudio profundo de toda clase de servicios que
puedan ofrecerse en la universidad, como por ejemplo el de fotocopias. Hoy tanto la Facultad de Ciencias Económicas
como la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se encuentran absolutamente rodeadas de
fotocopiadoras que compiten por dicho mercado. Si nos dirigimos a cualquier universidad privada, veremos que esto
no sucede. Según un estudio, cada alumno gasta cerca de $50 por mes en apuntes. Si esto fuera concentrado y facturado
por la universidad pública, su presupuesto sería mayor; 6) El objetivo final debe ser alcanzar el autofinanciamiento. La
suma de arancelamiento y mayor venta de servicios deberá reemplazar al actual gasto proveniente de impuestos. La
política del ingreso restringido es un complemento fundamental.
En caso de aceptar la privatización a todas las universidades públicas el camino es simple: 1) Rechazar por
completo el camino anterior, y todas sus propuestas; 2) En su lugar, como decíamos, aprobar un proyecto que
implemente la privatización de todas las Universidades Públicas. Cada establecimiento sería libre de implementar su
propia oferta educativa y probar el éxito o fracaso de ésta; 3) Para no afectar los derechos adquiridos, los compradores
deberán recibir en sus aulas a quienes estaban estudiando en esa casa y deseen continuar allí sus estudios (con algunos
límites que hoy no existen); 4) El Ministerio de Educación eliminará todas las disposiciones y reglamentaciones en
cuanto a tipos de programas, bibliografía, etc. abriendo la posibilidad de que se establezcan nuevos tipos de enseñanza
con diversos curricula. Un segundo paso dentro de esta medida sería eliminar también del área del Ministerio de
Educación el reconocimiento de títulos, tarea que quedaría en manos de academias, asociaciones científicas y consejos
profesionales; 5) La estructura educativa universitaria no tendría sentido, por lo que debería ser reducida a un tamaño
mínimo, como para implementar transitoriamente los vouchers. Se implementaría este sistema según la propuesta de
Pablo Guido y Guillermo Yeatts; 6) El objetivo final es apuntar a la libre competencia o libre mercado. Cada
universidad sería como una empresa, y el alumno decidirá. El Estado no jugaría ningún rol en materia educativa
superior; 7) Es fundamental que la reforma universitaria vaya acompañada de una reforma total del Estado. Esto es,
una fuerte reforma fiscal, tributaria, laboral y política principalmente. De otra manera no se logrará el consenso que
permita el cambio; 8) En este caso la asistencia para los que no tienen recursos tomaría la forma desarrollada con
anterioridad; 9) La eliminación de instituciones educativas gubernamentales reduce el costo de esta “empresa estatal”,
lo que permite liberar recursos para que se reasignen por el sector privado o, incluso, para que el gobierno mejore sus
servicios en otras áreas como la de seguridad y justicia.
¿De qué depende que estas políticas puedan implementarse? De que tanto nuestros gobernantes como
cada individuo de esta sociedad se convenza del beneficio de estas reformas. Esto le dará a nuestros futuros
gobernantes el poder y el respaldo político necesario para llevarlas a cabo ¿De qué depende que se tome uno
u otro camino? La respuesta puede encontrarse en un plebiscito. Los beneficios de uno u otro camino deberá
analizarlos cada uno. Cabe aclarar que el autor de este trabajo se inclina por el segundo camino, como
también lo hicieron los premio Nóbel Milton Friedman, Gary Becker, James Buchanan y muchos otros.

Adrián Ravier es economista y ganador en el tema de Financiamiento de la Educación Superior del Concurso
“Soluciones de Políticas Públicas” organizado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

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ANEXO
Cuadro Nº 1
ALUMNOS Y PRESUPUESTO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Universidad Alumnos Participación % Presupuesto Participación %
sobre el total 2001 sobre el total

Total General 1.111.984 100,00 $ 1.694.054.368 100,00
Buenos Aires 293.917 26,43 $ 305.482.070 18,03
Catamarca (1) 9.556 0,86 $ 22.147.761 1,31
Centro 8.184 0,74 $ 27.756.801 1,64
Comahue 24.047 2,16 $ 42.159.203 2,49
Córdoba 112.036 10,08 $ 126.599.408 7,47
Cuyo 25.614 2,30 $ 78.670.270 4,64
Entre Ríos 10.707 0,96 $ 23.955.383 1,41
Formosa 6.334 0,57 $ 10.575.538 0,62
Gral. San Martín 4.224 0,38 $ 13.334.692 0,79
Jujuy 10.367 0,93 $ 16.917.118 1,00
La Matanza 17.023 1,53 $ 27.524.953 1,62
La Pampa 7.700 0,69 $ 20.271.639 1,20
La Patagonia S.J.Bosco (2) 12.211 1,10 $ 33.689.014 1,99
La Plata 89.049 8,01 $ 104.425.454 6,16
La Rioja 11.141 1,00 $ 14.109.159 0,83
Litoral 26.539 2,39 $ 45.297.541 2,67
Lomas de Zamora 36.362 3,27 $ 31.695.243 1,87
Luján 16.731 1,50 $ 22.355.476 1,32
Mar del Plata (1) 16.076 1,45 $ 44.223.672 2,61
Misiones (1) 10.697 0,96 $ 30.742.286 1,81
Nordeste 54.331 4,89 $ 51.053.799 3,01
Quilmes 7.163 0,64 $ 16.652.691 0,98
Río Cuarto 15.405 1,39 $ 36.923.760 2,18
Rosario 69.807 6,28 $ 92.209.776 5,44
Salta 18.844 1,69 $ 30.950.536 1,83
San Juan 17.190 1,55 $ 64.475.116 3,81
San Luis 15.211 1,37 $ 38.115.158 2,25
Santiago del Estero 11.151 1,00 $ 17.492.412 1,03
Sur 18.945 1,70 $ 38.279.552 2,26
Tecnológica Nacional 63.284 5,69 $ 107.350.578 6,34
Tucumán 50.630 4,55 $ 100.588.336 5,94
La Patagonia Austral 4.749 0,43 $ 14.362.066 0,85

(1) La información corresponde a 1997
(2) La información corresponde a 1999
Fuente: SES. Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria

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Cuadro Nº 2
COSTO POR ALUMNO Y EGRESADO

Universidad Alumnos Egresados Presupuesto Gasto por Gasto por
2001 alumno egresado

Total General 1.111.984 37.609 1.694.054.368 1.523 45.044
Buenos Aires 293.917 9.566 305.482.070 1.039 31.934
Catamarca 9.556 314 22.147.761 2.318 70.534
Centro 8.184 414 27.756.801 3.392 67.045
Comahue 24.047 613 42.159.203 1.753 68.775
Córdoba 112.036 4.544 126.599.408 1.130 27.861
Cuyo 25.614 1.513 78.670.270 3.071 51.996
Entre Ríos 10.707 676 23.955.383 2.237 35.437
Formosa 6.334 202 10.575.538 1.670 52.354
Gral. San Martín 4.224 102 13.334.692 3.157 130.732
Jujuy 10.367 97 16.917.118 1.632 174.403
La Matanza 17.023 151 27.524.953 1.617 182.284
La Pampa 7.700 266 20.271.639 2.633 76.209
La Patagonia S.J.Bosco 12.211 425 33.689.014 2.759 79.268
La Plata 89.049 4.286 104.425.454 1.173 24.364
La Rioja 11.141 187 14.109.159 1.266 75.450
Litoral 26.539 871 45.297.541 1.707 52.006
Lomas de Zamora 36.362 1.065 31.695.243 872 29.761
Luján 16.731 630 22.355.476 1.336 35.485
Mar del Plata 16.076 768 44.223.672 2.751 57.583
Misiones 10.697 348 30.742.286 2.874 88.340
Nordeste 54.331 1.997 51.053.799 940 25.565
Quilmes 7.163 583 16.652.691 2.325 28.564
Río Cuarto 15.405 523 36.923.760 2.397 70.600
Rosario 69.807 2.870 92.209.776 1.321 32.129
Salta 18.844 253 30.950.536 1.642 122.334
San Juan 17.190 436 64.475.116 3.751 147.879
San Luis 15.211 368 38.115.158 2.506 103.574
Santiago del Estero 11.151 163 17.492.412 1.569 107.315
Sur 18.945 562 38.279.552 2.021 68.113
Tecnológica Nacional 63.284 1.942 107.350.578 1.696 55.278
Tucumán 50.630 1.543 100.588.336 1.987 65.190
La Patagonia Austral 4.749 99 14.362.066 3.024 145.071

Fuente: SES. Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria

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Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4
RELACIÓN ALUMNO/EGRESADO RELACIÓN POR EGRESADO POR AÑO Y MES

Universidad Alumno/ Universidad Gasto anual Gasto mensual
Egresado por egresado por egresado

Total General 30 Total General 7.507 626
Buenos Aires 31 Buenos Aires 5.322 444
Catamarca 30 Catamarca 11.756 980
Centro 20 Centro 11.174 931
Comahue 39 Comahue 11.463 955
Córdoba 25 Córdoba 4.643 387
Cuyo 17 Cuyo 8.666 722
Entre Ríos 16 Entre Ríos 5.906 492
Formosa 31 Formosa 8.726 727
Gral. San Martín 41 Gral. San Martín 21.789 1.816
Jujuy 107 Jujuy 29.067 2.422
La Matanza 113 La Matanza 30.381 2.532
La Pampa 29 La Pampa 12.702 1.058
La Patagonia S.J.B. 29 La Patagonia S.J.B. 13.211 1.101
La Plata 21 La Plata 4.061 338
La Rioja 60 La Rioja 12.575 1.048
Litoral 30 Litoral 8.668 722
Lomas de Zamora 34 Lomas de Zamora 4.960 413
Luján 27 Luján 5.914 493
Mar del Plata 21 Mar del Plata 9.597 800
Misiones 31 Misiones 14.723 1.227
Nordeste 27 Nordeste 4.261 355
Quilmes 12 Quilmes 4.761 397
Río Cuarto 29 Río Cuarto 11.767 981
Rosario 24 Rosario 5.355 446
Salta 74 Salta 20.389 1.699
San Juan 39 San Juan 24.646 2.054
San Luis 41 San Luis 17.262 1.439
Santiago del Estero 68 Santiago del Estero 17.886 1.490
Sur 34 Sur 11.352 946
Tecnológica Nac. 33 Tecnológica Nac. 9.213 768
Tucumán 33 Tucumán 10.865 905
La Patag. Austral 48 La Patag. Austral 14.179 2.015

Fuente: SES. Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria

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Cuadro Nº 5
RELACIÓN EGRESADOS/INSCRIPTOS

Universidad Inscriptos Egresados % Cantidad necesaria
Egresados/ de ingresantes para
Inscriptos obtener un egresado

Total General 281.679 37.609 13 7
Buenos Aires 71.909 9.566 13 8
Catamarca 3.829 314 8 12
Centro 2.068 414 20 5
Comahue 8.281 613 7 14
Córdoba 19.819 4.544 23 4
Cuyo 5.661 1.513 27 4
Entre Ríos 2.826 676 24 4
Formosa 2.545 202 8 13
Gral. San Martín 1.714 102 6 17
Jujuy 3.598 97 3 37
La Matanza 2.503 151 6 17
La Pampa 2.693 266 10 10
La Patagonia S.J.Bosco 4.365 425 10 10
La Plata 17.683 4.286 24 4
La Rioja 3.983 187 5 21
Litoral 7.680 871 11 9
Lomas de Zamora 10.796 1.065 10 10
Luján 4.939 630 13 8
Mar del Plata 4.026 768 19 5
Misiones 3.519 348 10 10
Nordeste 13.503 1.997 15 7
Quilmes 3.297 583 18 6
Río Cuarto 4.330 523 12 8
Rosario 16.416 2.870 17 6
Salta 5.691 253 4 22
San Juan 6.288 436 7 14
San Luis 4.302 368 9 12
Santiago del Estero 4.777 163 3 29
Sur 3.868 562 15 7
Tecnológica Nacional 13.174 1.942 15 7
Tucumán 12.490 1.543 12 8
La Patagonia Austral 1.940 99 5 20

Fuente: SES. Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria



1 Si bien los problemas en calidad y desigualdad por jurisdicción son mayores en la educación básica (inicial, primaria y media), y
que además, estos se trasladan al nivel superior o universitario, en este trabajo son dejados de lado. Un trabajo interesante donde se
tocan estos puntos es el de Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause, “El derecho de enseñar y aprender”, Proyectos para una
Sociedad Abierta, Informe Nº8.
2 Los cuadros anexos han sido obtenidos del trabajo de Pablo Guido y Guillermo Yeatts “Vouchers: los recursos regresan a la
comunidad”, Fundación Atlas.

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3 Degrossi, Carlos A., “Momento de balance”, La Gaceta de Económicas - Año1 Número 5, Domingo 31 de Diciembre de 2000.
4 Delich Andrés, Abraham Tomás, Sarlo Beatriz, “Aulas de doble discurso”, Revista 3 puntos, Junio 2001.
5 Echart María, “Crecimiento y Equidad en la Argentina”, FIEL, 2001
6 Podría agregarse un quinto recurso, esto es, los beneficios de las empresas estatales utilizados para financiar el Gasto. Pero hoy
prácticamente no quedan empresas públicas, por lo que se decidió omitirlo.
7 Es interesante destacar que esta relación ha sido mencionada hace ya varios años por uno de los representantes más destacados de
la Escuela Austriaca de Economía. En el libro “Lo esencial de Mises” (pág. 31), de Murray N. Rothbard, dicho autor señala:
“Mises enseñó que la inflación, es decir, la ampliación de las disponibilidades dinerarias, constituye, en definitiva, una especie de
imposición fiscal, y un medio de redistribución patrimonial.”
8 “En resumen, el argumento de los bienes públicos y los conceptos que están vinculados a este eje central no constituyen razones
ni necesarias ni suficientes para la intervención del gobierno [...]” Ver: “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el
argumento reconsiderado”, de Alberto Benegas Lynch (h) (Libertas, Edición semestral de ESEADE).
9 Joseph Stiglitz obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2000 y es autor de “La Economía del Sector Público”. En el Cap.
5, se exponen los argumentos citados.
10 FIEL, “El fracaso del estatismo”, Una propuesta para la reforma del sector público argentino, Sudamericana – Planeta
11 Friedrich A. von Hayek, “Individualismo: verdadero y falso”, Centro de Estudios sobre la Libertad - Pág.39
12 Benegas Lynch (h), Alberto y Krause, Martín, “El derecho de enseñar y aprender”, (Colaboración de la Lic. Margarita Molteni),
Poyectos para una Sociedad Abierta, Informe Nº8;
13 Pérez, Rodolfo H., “El bien Universidad”, Oikos (Revista de Posgrado, investigación y doctorado) Año 1 – Nº2 – Noviembre de
1993.
14 Coraggio, Jose Luis, “Atacar la evasión”, Suplemento Educación, Clarín, Domingo 20 de mayo de 2001;
15 Benegas Lynch (h), Alberto “Misión de la enseñanza superior” (palabras pronunciadas durante el almuerzo que tuvo lugar en el
Círculo de Armas, el 14 de mayo de 1999);
16 Macón, Jorge, “Educación por Vouchers - Educación y mercado”, La Gaceta de Económicas, Año 1 Número 2, Domingo 24 de
Septiembre de 2000.
17 Hornberger, Jacob G., “Vouchers Are Just Another Welfare Scheme”, October 2000.