Magíster en Antropología y Desarrollo. Universidad de Chile INTRODUCCION Los Estados latinoamericanos han venido implementando desde comienzos de los años 90 distintos tipos de política en favor de las poblaciones indígenas a fin de diferenciarlas jurídicamente de la población llamada "nacional", por ejemplo, en algunos casos, introduciendo el uso de las lenguas originarias en los planes de educación formal, otros Estados se reconocen constitucionalmente multiétnicos y multiculturales y declarando respetar la alteridad de tipo étnico, como Nicaragua (1986), Brasil (1988), Colombia (1991), Bolivia (1994), o en s u caso como Paraguay, México y Chile, reconociendo legalmente como destinatarios específicos de sus políticas de Estado. Aunque para dirigentes indígenas, cientistas sociales, y la ciudadanía en general, el reconocimiento del sector indígena en las políticas estatales ya es un gran logro, se constata, al revisar el conjunto de derechos indígenas, estos no son viables en la práctica, y más bien su incorporación pretende tranquilizar a los mencionados sectores junto a la propia población indígena. Algunas políticas hacia el sector indígena tienen un carácter de diferenciación del resto de la sociedad, lo que se ha denominado "discriminación positiva", que ha sido objeo de controversia. Por un lado, aquellos que la aprueban como es la población indígena, sector históricamente marginado, sus dirigentes, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan este proceso y con el respaldo de sectores de la sociedad civil que están de acuerdo con este tipo de dotación de derechos. Por otro lado, aquellos sectores que se ven afectados (como por ejemplo terratenientes, políticos, y personas que tienen intereses en recursos naturales existentes en zonas indígenas) que las desaprueban y califican como de injustas. En la actualidad, se pueden identificar tres tipos de derechos exigidos por los indígenas en sus demandas. Primero, se solicita al Estado salir de la marginalidad mediante la otorgación de derechos materiales (como la puesta en práctica de educación intercultural y bilingüe, solicitud de proyectos productivos, construcción de infraestructura, etc.). Segundo, se demandan derechos de tipo jurídico (como el ser reconocidos formalmente en las constituciones o que se reconozcan de manera formal los idiomas indígenas y formas de vida, etc.). Tercero, corresponden a los derechos a nivel simbólico, que se refiere más bien, a la actitud del Estado (a través de sus políticas y sus funcionarios) y al resto de la ciudadanía en torno al reconocimiento del mundo indígena como sujeto legitimado socialmente. La demanda sobre la tierra-territorio, es transversal a estos tres tipos de derechos dentro del movimiento indígena. La tierra junto a otros recursos naturales, se han visto amenazados por varias razones (la sobrexplotación de dichos recursos, la erosión, las
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Velasco, L. (2011). Areas de Desarrollo Indígena y Distritos Municipales Indígenas. El Desarrollo Indígena desde las Políticas de Chile y Bolivia. Revista MAD, 0(4). https://doi.org/10.5354/0718-0527.2001.14834
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