El presente artículo asume que la pluralidad de razonables doctrinas religiosas, filosóficas y morales propias de las sociedades democráticas es un rasgo permanente de la cultura pública y no una mera condición histórica que pasará pronto. Supuesto esto, se pregunta: ¿cuándo pueden los ciudadanos, por su voto, ejercer propiamente su poder político coercitivo unos respecto de otros cuando las cuestiones fundamentales están en juego? A esta cuestión responde el liberalismo político así: nuestro ejercicio del poder político es propia y consiguientemente justificable sólo si se realiza de acuerdo con una constitución, la aceptación de cuyas esencias pueda razonablemente presumirse de todos los ciudadanos a la luz de principios e ideales admisibles por ellos como razonables y racionales. Este es el principio liberal de legitimidad.
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Rawls, J. (1994). La idea de una razón pública. Isegoría, 0(9), 5–40. https://doi.org/10.3989/isegoria.1994.i9.283