¿Es el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución?

Abstract

1. Introducción El Tribunal Constitucional ejerce en España la jurisdicción constitucional. Dicha jurisdicción puede entenderse como una actividad de garantía de la supre macía constitucional a través de ciertos procesos específicos, como la acción de inconstitucionalidad, los conflictos de atribuciones y competencias, y el recurso d e amparo. E n su calidad de jurisdicción se trata de una actividad llevada a cabo por un órgano independiente, basada en razonamientos jurídicos y en el principio de contradicción, y que supone juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta naturaleza propia d e una jurisdicción n o impide que también presente una marcada vertiente política. Así las cosas, el ejercicio de la jurisdicción constitucional resulta de extrema relevancia en el funcionamiento del sistema jurídico-político. La legitimidad o justificación de la jurisdicción constitucional radica en la necesidad de garantizar el citado principio de supremacía constitucional. Si la Constitución es realmente la norma suprema, n o puede permitir la existencia de leyes que la contradigan. Así las cosas, el control de la constitucionalidad es una consecuencia necesaria d e aquel principio. No obstante, el riesgo de politización siempre ha estado presente e n el devenir de la jurisdicción constitucional, llegando por momentos a ser una pesada losa difícil de sobrellevar. Se trata de un riesgo en cierto m o d o permanente. Al mismo tiempo, la realidad del Derecho Comparado también nos muestra c ó m o la aparición de los tribunales constitucionales se ha conectado a la apertura de nuevos regímenes de libertad, una vez superadas expe riencias autoritarias previas (Alemania, España, Italia, países d e Europa del Este). De esta forma, desempeñaron un papel esencial en la consolidación democrática de unas sociedades en transición, sociedades que vieron en los mecanismos de control