Cuestiones problemáticas de la reforma rural integral en los acuerdos de La Habana

Abstract

Cuestiones problemáticas de la reforma rural integral en los acuerdos de La Habana En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se ha indicado que las causas históricas del conflicto en Colombia son: a) la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración; b) la exclusión del campesinado; y c) el atraso de las comunidades rurales (Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, 2016). En tal sentido, el primer punto del acuerdo-La Reforma Rural Integral (RRI)-se fija como propósito la trasformación de las zonas rurales, la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la búsqueda de la igualdad y el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía (Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, 2016). Teniendo en cuenta la relevancia que tiene para la comunidad académica participar activamente en la discusión de los arreglos que han suscrito el Gobierno Nacional y las FARC-EP y con el ánimo de identificar los posibles retos y limitaciones para su implementación, a continuación, se abordarán algunos aspectos de la RRI desde la mirada de la Salud Pública. Para ello en la parte inicial se presentarán algunos datos que permiten contextualizar la realidad actual que vive el campo colombiano y posteriormente, a la luz de los contenidos del primer punto del acuerdo, hacer una reflexión orientada a visibilizar lo que podríamos denominar como las "cuestiones problemáticas" de los acuerdos de la Habana. Datos de interés Frente al tema de la propiedad de tierras y su concentración, actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero el 3,6% de éstos tiene el 30% de la tierra. Sumado a ello, un 18% de los propietarios de tierra no tienen formalizado sus títulos. La informalidad entre los pequeños productores supera el 40%. En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas corresponde a tierras baldías o títulos colectivos. Por reforma agraria, apenas se ha titulado el 5,6% de ellas (Departamento Nacional de Estadística, 2014). En relación con el atraso de las comunidades rurales, el 18.2% de las viviendas ocupadas en el área rural dispersa no tienen conexión energía eléctrica, el 57.3% no tienen acueducto y el 94% no tienen alcantarillado. El 60% no tienen agua potable (Departamento Nacional de Estadística, 2014).