El Consejo de Estado ha hecho recomendaciones a las entidades públicas con el fin de prevenir y sancionar los actos de corrupción en las diferentes etapas de la actuación contractual, sin perjuicio de que se pueda acudir a las vías judiciales cuando quiera que se evidencie la posible vulneración del principio de moralidad administrativa
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Ardila-Pérez, J. C., & Naranjo-Flórez, C. E. (2021). Capítulo 7. Catálogo Editorial, 70–96. https://doi.org/10.15765/poli.v1i741.1961
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