La decisión de implementar en el país un nuevo modelo de justicia penal para adolescentes se contextualiza en el marco de la “reforma integral al sistema de protección y justicia de la infancia”, cuyo fin es adecuar el estatuto jurídico, la institucionalidad y las políticas públicas del país a los derechos, principios y líneas de acción emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Anunciada a mediados del 2000, esta reforma, junto a otras reformas legales2 , involucraba el envío de un proyecto de ley para modificar el sistema de justicia juvenil, iniciativa que fue ingresada a tramitación legislativa en agosto de 2002, y que en poco más de 3 años, el Congreso Nacional finalmente despachó. La presión y el ambiente pre-electoral fue el impulso definitivo que aceleró la discusión y aprobación de la ley, y es en ese contexto político que pueden explicarse muchas de sus disposiciones. En este sentido, el objeto de este trabajo –basado en el Informe de la Comisión Mixta aprobado por la Cámara y el Senado- es describir de manera general los fundamentos y principales aspectos del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, y junto con ello, realizar algunos comentarios y críticas
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Berríos Díaz, G. (2011). El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes. Revista de Estudios de La Justicia, 0(6). https://doi.org/10.5354/0718-4735.2005.15079
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