Sociedad mercantil local: el nuevo marco jurídico y de responsabilidad penal

Abstract

El presente trabajo trata de las implicaciones que para la Administración local y, en concreto, para la empresa pública de la que es “entidad propietaria” la primera, tiene el desarrollo de la actividad empresarial. Es decir, cuando es titular de las acciones corresponde, de forma significativa, a la propia corporación local (directamente o a través de un organismo expresamente creado), siendo responsable del ejercicio de los derechos económicos y políticos. El desarrollo de la exposición toma como punto de partida las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2011, así como la acción legislativa relacionada con esta materia de 2013: (i) la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; (ii) la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; y (iii) el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Del contenido del trabajo se colige que la actividad empresarial pública ha de simplificar sus prácticas operativas y su régimen jurídico, debiéndose “equiparar”, en la medida de lo posible, al mismo marco legal previsto para las empresas privadas. Esto aumenta la transparencia y facilita el control mediante parámetros de comparación, además de igualar las condiciones para los competidores privados en mercados cada vez más desregulados y competitivos. Para ello la legislación o la regulación deben establecer claramente cualquier obligación y responsabilidad que se exija a una empresa pública en términos de servicios públicos, más allá de las normas generalmente aceptadas, que deben comunicarse a la opinión pública, al igual que todo lo referido a los costos asociados a razones de interés general/social, que han de estar claramente identificados, revelados y debidamente compensados por el presupuesto municipal, sobre la base de disposiciones legales concretas y/o mediante mecanismos contractuales, como pueden ser los contratos de gestión o de servicios, todo ello con la finalidad de prevenir actuaciones ilícitas que darían lugar a responsabilidad administrativa, civil y/o penal.