Revista de Derecho Penal, n° 25 (2008)

Abstract

En la Sección de "Artículos Doctrinales" (pp. 11-77) se incluye en esta oportunidad una contribución del prof. Raúl Carnevali Rodríguez referida al "Derecho penal como 'ultima ratio'. Hacia una política criminal racional" (pp. 11-49) y otra de la prof. Argelia Queralt Jiménez, que versa sobre "El derecho a la doble instancia en la jurisprudencia constitucional y su adecuación a los estándares internacionales" (pp. 51-77). Se acompaña, como es tradicional, de una amplia selección de "Jurisprudencia" (pp. 73-279), "Doctrina de la Fiscalía General del Estado" (pp. 281-292), una "Crónica Legislativa" (pp. 293-296) y un apartado de "Bibliografía" (pp. 297-302) recientemente publicada (pp. 299-302). En lo referido a la sección doctrinal quisiéramos comentar el texto del profesor Carnevali Rodríguez. Se trata de una contribución que buscan identificar y destacar algunos de los puntos neurálgicos del denominado movimiento de expansión o intensificación del derecho penal. Lejos de lo descriptivo, el objetivo del autor se dirige a relevar el papel racionalizador que en este proceso puede cumplir el principio de última ratio o de necesidad de la intervención penal, planteando una lectura actualizada del mismo, en clave pragmática. En concreto, plantea que la subsidiariedad es algo que debe medirse en función a la eficacia preventiva, lo que lleva al Estado a inhibirse en el uso de instrumentos penales si dicha base no se encuentra asentada, sea que no se obtenga de manera suficiente o si existen otras formas de canalizar las necesidades de protección o aseguramiento social. Como es evidente Carnevali resalta el contenido y fundamento utilitarista del principio, contundentemente situado como fuente de su configuración histórica bajo una perspectiva netamente liberal (pp. 13 y ss.). Destaca las dificultades que le asisten para limitar las decisiones político-legislativas que determinan los destinos del derecho penal, asumiendo como relevante, pero no determinante, el que se deba recurrir a los presupuestos axiológicos del sistema político institucional (pp. 15-16). En este punto, y previo a compartir de manera descriptiva parte de los caracteres que definen al derecho penal "de la expansión" (donde este recurso se define como prima ratio), recuerda la trascendencia que revisten a estos efectos otros criterios de legitimidad. Por ejemplo, el hecho de identificar al modelo de intervención penal como parte del control social introduce un claro objetivo de reducción de la violencia social, sea que esta se produzca en la sociedad o de parte del Estado (de ahí una razón más para definir a la pena como último recurso). Asimismo, el principio de legalidad también cumple un papel a los mismos efectos al menos en lo relativo a su fundamento político-constitucional. En concreto, evidencia el nexo entre prima ratio y desformalización del derecho penal. Conviene aclarar en todo caso que esta constatación no lleva a Carnevali a asumir una perspectiva tradicional acerca del principio, limitada a exigir un cumplimiento estricto de los mandatos de determinación. Al contrario reconoce-con Hassemer-que la complejidad social obliga a un justo equilibrio entre