Un sistema de justicia administrativa al servicio de los ciudadanos. Propuestas para una reforma

Abstract

Los jueces tienen la función constitucional de tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, y en las relaciones con las Administraciones, de hacerlo controlando la legalidad de la actividad administrativa. Pese a que la función jurisdiccional optimiza las condiciones jurídicas para asegurar que los órganos judiciales hagan justicia en el caso concreto, su reserva en órganos judiciales no sería un obstáculo para la configuración legal de mecanismos administrativos de control orientados a esa misma finalidad. Es así que el legislador podría configurar organismos administrativos con características similares a la de órganos jurisdiccionales y con funciones de control de legalidad orientado a proveer justicia, pero dentro del límite constitucional irrenunciable que constituye el acceso eventual a la jurisdicción para revisar la decisión adoptada en su seno. La presente investigación revela cómo un sistema de justicia administrativa renovado debe procurar la complementación de la función entre órganos judiciales y órganos administrativos cuasi jurisdiccionales, como base para garantizar la tutela de los ciudadanos en términos de acceso, garantías, costes y tiempo.