Evaluación de riesgos derivados de los organismos modificados genéticamente y la adopción de medidas de emergencia en el marco de la Unión Europea

Abstract

The European Commission and the Court of Justice of the European Union consider that an emergency measure only can be adopted in accordance with Article 34 of Regulation (EC) No. 1829/2003, 53 and 54 of Regulation (EC) No. 178/2002, before the verification of a serious risk derived from Genetically Modified Organisms. According to Community law, which is the result of a regulatory evolution developed during the last decades, this verification must be realized in the risk analysis procedure, specifically during the risk assessment. Therefore, the objective of this article is to analyze the elements of this stage, mainly the concepts of biotechnological risk and scientific uncertainty, which are closely linked to the precautionary principle. Consequently, the interpretation and application of this principle is also analyzed in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union.Las normas sobre bioseguridad y seguridad alimentaria de la UE contemplan distintas denominaciones y clases de riesgos derivados de los OMGs para el medio ambiente, la salud humana y animal. La Comisión Europea y otros organismos de la UE, consideran que sólo puede adoptarse una medida de emergencia por parte de un Estado miembro ante la constatación de un riesgo grave. La jurisprudencia del TJUE confirma este criterio, justificando sólo una intervención jurídica cuando existe un riesgo importante debidamente probado. Sin embargo, los distintos estudios científicos realizados en estos últimos años sólo distinguen entre riesgos a corto, mediano o largo plazo, pero todos ellos revisten potencialmente igual gravedad o importancia. A la luz de estos antecedentes científicos, puede concluirse que las instituciones de la UE y el TJUE no garantizan adecuadamente la protección del medio ambiente, la salud humana y animal, ya que tienden a desestimar la evidencia científica que justificaría intervenciones jurídicas por parte de los Estados miembros, priorizando a su vez intereses comerciales.