Las políticas de juventud desde la perspectiva de la relación entre convivencia, ciudadanía y nueva condición juvenil

Abstract

1. ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS CORRIENDO EL RIESGO QUE esta introducción no sea necesaria a la mayoría, y antes de entrar propiamente al tema que promete el título, me parece conveniente establecer unos acuerdos sobre los conceptos centrales de Estado y Política Pública, sin otra pretensión distinta a la de establecer un entendimiento común, aun a sabiendas que son temas extremadamente complejos, donde siempre es fácil encontrar opinio-nes distintas. Sobre el Estado, me parece útil concebirlo como la ex-presión político-institucional por excelencia de las relaciones de do-minación en una sociedad. Es, al mismo tiempo, un agente de articula-ción y unificación de las naciones. Ahora bien, es preciso reconocer que existen Estados sin nación, y naciones sin Estado, aunque ese es otro asunto. Ambos aspectos, tanto dominación como articulación y unifi-cación, suponen que en el Estado se delega el más alto nivel de autori-* Segunda parte del texto de la exposición presentada en el «Primer simposio internacional sobre juventud y violencia», Medellín, octubre del 2001. Las políticas de juventud 118 dad y legitimidad para ejercer la fuerza necesaria, mediante coerción, coacción o represión, que garantice la reproducción de esa sociedad, y por lo tanto, de las relaciones de dominación vigentes. Si aceptamos esta modesta definición, aunque sea parcialmen-te, es inevitable que el Estado, al reproducir las relaciones de domina-ción presentes en la sociedad, reproduzca igualmente las tensiones propias derivadas de las contradicciones y conflictos por las desigual-dades en la distribución de poder real entre actores sociales, asociadas con las diferencias de clase social, cultura política, región, género, etnia y generación. En este sentido, los cambios en las desigualdades sociales, por efecto de las modificación en las relaciones de dominación entre acto-res sociales con distintos niveles de poder, ocasionan a su vez cambios en el aparato político-institucional del Estado. Un «clásico» ejemplo, notable por sus consecuencias, es la Constitución de 1991, donde un cambio en la correlación de las fuerzas políticas ante el creciente em-poderamiento de nuevos actores sociales, hace evidente la necesidad de sancionar un nuevo contrato social y modificar el formato legal de país hasta entonces vigente. La política, como decíamos antes y desde cierto punto de vis-ta, consiste justamente en la actividad por la cual esa sociedad re-flexiona y cuestiona la validez de sus instituciones, y por ende tam-bién de sus normas y comportamientos; es obvio que esta reflexión crítica y transformadora no se produce por arte de magia, ni tampoco es una generosa concesión de los poderes hegemónicos, sino que sur-ge del empoderamiento de los sectores subordinados, que reconocien-do su alienación, se apropian de la capacidad para cambiar su destino, convirtiendo su antagonismo básico por movilización social. Éste es uno de los sentidos en los que podemos hablar de polí-tica, y que en inglés se traduce como politics, es decir, la lucha por el poder y la búsqueda de acuerdos de gobernabilidad. El otro sentido en que podemos hablar de políticas es como programa de acción guber-namental, que en inglés se dice policy, y tiene connotaciones más técnicas y administrativas. Obviamente ambas acepciones están rela-cionadas y son inseparables, pero por ejemplo en español y en francés no existe esta diferencia, y se habla indistintamente de «política» en ambos sentidos. Con base en esta última acepción, podemos sacar varias con-clusiones útiles: