Los profesionales de la salud y la crisis del sistema de salud en Colombia: ¿Indignación o acomodamiento?

Abstract

Hay un gran consenso en el país sobre la urgencia de reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Nunca antes había sido tan evidente su fracaso. En primer lugar, por la corrupción desbordada y manifiesta, reconocida en la reciente sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por $16.984 millones a 14 Empresas Promotoras de Salud (EPS) y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), organización que las representa. En segundo lugar, por que la sostenibilidad financiera del sistema está seriamente comprometida, a más que la red de hospitales públicos y otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están al borde de la quiebra: de acuerdo con el último corte de cartera a 30 de junio de este año, a los hospitales públicos se les adeuda en $3,8 billones,  la mitad de los cuales correspondían a dineros no pagados por las EPS; más grave aún es que estas deudas y las que existen entre el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), las EPS y las IPS se intentan solucionar por parte del  gobierno con un rescate financiero de las EPS y otra serie de medidas apenas anunciadas que seguramente consisten en un refinamiento del modelo de intermediación con ánimo de lucro, que es la única razón de ser de las EPS, y la causa principal del desastre actual del  SGSSS. Es en ese sentido que debe entenderse la planeada reducción del número de EPS de las 72 existentes a menos de 20. El objetivo de la reestructuración del sistema de salud puesto en marcha por el Ministerio de la Protección Social no es resolver el problema de fondo de cómo se atienden todas las necesidades de la población sino como se perfecciona el gran negocio de las EPS.