Los autores y las buenas prácticas de publicación: ¿quién decide los criterios?

Abstract

Un comentario editorial que apareció en el número de junio de 2003 de la Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health (1) celebró la publicación de "Las buenas prácticas de publicación: recomenda-ciones para compañías farmacéuticas" (2). En sus consideraciones a propósito de los intereses de los sectores académico, estatal e industrial, el doctor Lolas plantea una cuestión que merece ser examinada en profundidad: las diferen-cias culturales que existen entre investigadores de distinta procedencia. No es infrecuente en países con reglamentaciones laxas o imprecisas que se tomen tales estándares por suficientes y que no se sometan a examen por parte de los comités locales de ética. Tal postura es inadecuada, toda vez que un principio esencial de la supervisión en materia de ética es que la lleve a cabo un cuerpo independiente de evaluadores que conozca el entorno concreto en que se realizará el estudio y que tenga en cuenta los factores culturales y sociales pertinentes. Aquí el doctor Lolas se refiere a la tendencia existente en países situados fuera del entorno cultural anglosajón, de aceptar como útiles-sin analizar su idoneidad para el contexto cultural-unas recomendaciones desarrolladas por sus congéneres profesionales de habla inglesa. Cierto es que existen paí-ses, organismos y centros que no disponen de una normativa concreta para guiar la conducta profesional de sus investigadores. Sin embargo, no hay motivos para suponer-como parecen hacer algunos editores que no han tenido ocasión de conocer bien otras culturas distintas de la suya propia-que esto se deba a una consciencia ética inferior. Hasta hace poco, los países anglosajones, que parecen ser los emisores de la mayoría de estas recomenda-ciones, tampoco disponían de normas estrictas. La obligación de tenerlas no surgió por una decisión espontánea de sistematizar y hacer explícita una serie de pautas de conducta, ni por un sentido ético "superior". Surgió, más bien, porque los abusos de las normas que rigen implícitamente en la publicación científica habían empezado a socavar la confianza del público en la buena fe de los investigadores. Los casos que transcendieron a los medios de comu-nicación social amenazaban con tener consecuencias sociales, políticas y económicas contrarias a los intereses de las agencias públicas que financian las investigaciones, de las empresas que comercializan los productos resultantes y de los centros de investigación que se benefician de la financiación pública y privada. La utilidad de las recomendaciones para las buenas prácticas pro-fesionales es indudable, pero por desgracia su desarrollo no suele ser una medida activa sino reactiva. De ahí la importancia de que los evaluadores de las buenas prácticas éticas conozcan el entorno concreto en que se realiza la labor científica, para así tener en cuenta los factores culturales y sociales que influyen en las acti-tudes y creencias de los investigadores. Los factores que determinan el con-senso a propósito de las reglas de buena conducta profesional varían según el ambiente local. Y por "local" podemos entender tanto el entorno geográfico (países, regiones, centros y departamentos) como el entorno intelectual (disci-plinas, áreas de conocimiento y "escuelas" rivales). No hay motivos para que ningún país se sienta culpable por ocupar una posición que a vista de otros es inferior moralmente, o por tener una normativa "laxa o imprecisa". Las recomendaciones que llegan desde los países anglosajones pueden ser, más