Contexto sobre la extradición en Honduras. La ausencia de una ley especial y sus implicaciones

Abstract

La figura jurídica de extradición es básica para asegurar la cooperación jurídica internacional entre los Estados en la lucha contra la impunidad y la realización efectiva de la justicia. Su naturaleza jurídica en Honduras se deriva de obligaciones adquiridas en tratados y convenios internacionales y como un acto soberano entre Estados orientado a la entrega de una persona nacional procesada o condenada en otro Estado denominado requirente por delitos de narcotráfico y otros de criminalidad organizada. Sin embargo, Honduras no tiene una Ley marco que regule este proceso, sus requisitos, plazos o causas de inadmisibilidad, entre otros aspectos, aunque existan varios anteproyectos de ley presentados en el Congreso Nacional de la República con esta finalidad, sin consenso legislativo a la fecha. Por ende, la inexistencia de una normativa con rango de Ley que desarrolle de manera sistemática y objetiva las obligaciones contraídas en los instrumentos internacionales, conlleva a una desfiguración de los postulados fundamentales en un Estado de Derecho. En este sentido, se realiza un análisis jurídico de la extradición en Honduras, orientado a explicar el trámite de la extradición y que como procedimiento judicial debe ser regulado mediante una ley especializada. Dicha ley garantizaría de manera integral la persecución de los delitos y la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en este proceso.The legal concept of extradition is essential to ensuring international legal cooperation among states in the fight against impunity and the effective administration of justice. In Honduras, its legal foundation stems from obligations assumed under international treaties and conventions. It functions as a sovereign act between states, aimed at the transfer of a national or foreign individual prosecuted or convicted in a requesting state for drug trafficking and other organized crime offenses. However, Honduras lacks a comprehensive legal framework to regulate this process, including its requirements, timeframes, or grounds for inadmissibility, among other aspects. While several legislative proposals have been submitted to the National Congress for this purpose, no parliamentary consensus has been reached to date. Consequently, the absence of a statutory framework that systematically and objectively implements the obligations derived from international instruments distorts the fundamental principles of the rule of law. In this regard, a legal analysis of extradition in Honduras is conducted, aimed at demonstrating that it goes beyond a mere bureaucratic procedure and must be regulated by a specialized law. Such a law would comprehensively ensure the prosecution of crimes and the protection of the fundamental rights of individuals involved in this process.La figura jurídica de extradición es básica para asegurar la cooperación jurídica internacional entre los Estados en la lucha contra la impunidad y la realización efectiva de la justicia. Su naturaleza jurídica en Honduras se deriva de obligaciones adquiridas en tratados y convenios internacionales y como un acto soberano entre Estados orientado a la entrega de una persona nacional procesada o condenada en otro Estado denominado requirente por delitos de narcotráfico y otros de criminalidad organizada. Sin embargo, Honduras no tiene una Ley marco que regule este proceso, sus requisitos, plazos o causas de inadmisibilidad, entre otros aspectos, aunque existan varios anteproyectos de ley presentados en el Congreso Nacional de la República con esta finalidad, sin consenso legislativo a la fecha. Por ende, la inexistencia de una normativa con rango de Ley que desarrolle de manera sistemática y objetiva las obligaciones contraídas en los instrumentos internacionales, conlleva a una desfiguración de los postulados fundamentales en un Estado de Derecho. En este sentido, se realiza un análisis jurídico de la extradición en Honduras, orientado a explicar el trámite de la extradición y que como procedimiento judicial debe ser regulado mediante una ley especializada. Dicha ley garantizaría de manera integral la persecución de los delitos y la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en este proceso.