Abstract
Durante décadas, el concepto de salud reproductiva estuvo circunscrito en el país, y en el nivel internacional, a una visión de la planificación familiar como forma de reducir el crecimiento poblacional y, por esa vía, luchar contra la pobreza. Sin embargo, a partir de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en el año 1994, el concepto se amplió a salud sexual y reproductiva con una visión más integral vinculada al desarrollo, a la promoción de valores y a la defensa de los derechos humanos (1). Durante los primeros setenta años del siglo XX, los países y los organismos internacionales se preocupaban principalmente por las consecuencias económicas y sociales del rápido crecimiento poblacional de la época. Esto ha sido más intenso en América Latina en las décadas del 60 y 70 cuando los avances en la reducción de la mortalidad general configuraron la denominada "explosión demográfica", como un problema económico y social. Esta preocupación se expresó en la gran mayoría de países participantes en la Conferencia Internacional de Población de Bucarest, en 1974 (2). Como consecuencia de ello se adoptaron recomendaciones para establecer fuertes programas de planificación familiar, orientados fundamentalmente a reducir las elevadas tasas de fecundidad de la mayoría de países en vías de desarrollo, utilizando masivamente diferentes métodos de planificación familiar, entre ellos los métodos hormonales cuyo uso desde la década de los 60 se había popularizado con enorme éxito. En la Conferencia Internacional de Población de 1984 (3) , realizada en México, se mantuvo ese criterio aunque fuertemente vinculado también con el concepto de promoción de la salud, en el marco de la atención primaria de salud aprobada por la Organización Mundial de Salud (OMS) en la Conferencia Mundial de Alma Ata en 1978 (4). En el Perú, en los años 80, la normatividad estuvo marcada por esa orientación predominante a nivel internacional. En ese período, los programas de planificación familiar se articularon estrechamente con los programas materno e infantil, cuyos objetivos eran reducir la morbimortalidad materna e infantil. Así, se constituyeron como partes de un mismo programa de salud materno-infantil y de planificación familiar. Pero, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, celebrada en El Cairo, marcó un nuevo hito, porque los gobiernos ahí reunidos reconocieron internacionalmente los derechos reproductivos contenidos en documentos sobre derechos humanos, y declararon que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales para el desarrollo (1). Se adoptó un nuevo concepto, más amplio, de salud reproductiva y derechos reproductivos, incluyendo la planificación familiar y la salud sexual como parte de la salud integral de las personas y de la lucha por el desarrollo económico y social. Por eso no es casual que la Conferencia de El Cairo fuese sobre población y desarrollo, a diferencia de las cuatro primeras conferencias internacionales (Roma 1954, Belgrado 1965, Bucarest 1974 y México 1984) que solo fueron sobre población. El cambio conceptual en El Cairo incluye que la salud reproductiva es parte de los derechos fundamentales de las personas, pero también que el derecho a la sexualidad y la salud sexual es independiente de la reproducción y, por tanto, que las personas tienen todo el derecho de ejercer plenamente su sexualidad, sin necesidad de la reproducción, si así lo desean.
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Ugarte-Ubillúz, O. (2014). Desarrollo y ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 30(3). https://doi.org/10.17843/rpmesp.2013.303.270
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