La dimensión democrática de la nueva gestión pública

Abstract

El eje temático de este nuevo número de la revista GAPP ha estado injustamente marginado de los apasionados debates que ha suscitado la modernización de la administración pública. La atracción que ha ejercido la gestión empresarial, las modas privatizadoras y desreguladoras o, más genéricamente, el des-prestigio del gobierno y de la cosa pública contribuyen a expli-car por qué, durante la última década, la dimensión democráti-ca de la administración pública ha aparecido únicamente en algunas eruditas notas a pie de página. Esta marginación, sin embargo, no ha conseguido reducir la importancia del tema. Ha conseguido, en cambio, distorsionar peligrosamente el discurso de la modernización administrativa. Referirse a la dimensión democrática de la administración pública no supone un menoscabo de algo que sí ha estado muy presente en los debates recientes sobre su modernización: la mejora en la economía y la eficiencia de sus actuaciones. Supo-ne, en cambio, recordar que la administración pública no se entiende sin sus referentes políticos y sociales. En otras pala-bras, supone reconocer que la administración pública es algo más que un instrumento técnico, un brazo ejecutivo o un meca-nismo dedicado inocuamente a lo que podríamos denominar una implementación aséptica de órdenes o directrices ema-nadas en centros políticos de decisión. Muy al contrario, la ad-ministración pública configura un espacio donde surgen y se resuelven conflictos, donde interactúan intereses contrapues-tos, donde se prioriza entre valores en competencia y donde, en definitiva, se dan cita todos los elementos de un debate político. Además, recuperar la dimensión democrática de la adminis-tración pública supone también aceptar que los conflictos, las luchas, los valores o los intereses que se entrecruzan en su interior no deben resolverse-al menos de forma exclusiva-a través de mecanismos mercantiles. El mercado sirve para regular los conflictos y las relaciones entre individuos que intentan maximizar sus beneficios, y puede ser muy eficiente en este terreno. La administración pública debe orientarse a la configu-ración de un determinado modelo de sociedad, sus actuaciones sirven para darle una forma determinada y, por lo tanto, incor-pora una elección no exenta de conflictividad. Sin embargo, regular esta conflictividad y dar con el modelo de sociedad que pretende fomentar la administración no es tarea de un mercado competitivo donde los grupos o los individuos intentan impo-ner sus preferencias, sino de la expresión de voluntades colec-tivas. Voluntades colectivas que, en nuestro sistema político, han de expresarse democráticamente. De este modo, el déficit democrático al que me refería ini-cialmente debe entenderse como la incapacidad de las adminis-traciones públicas para articular un discurso político-un debate democrático-que sirva para resolver los conflictos que se dan en su interior, para priorizar entre valores en competencia y, en definitiva, para permitir al conjunto social escoger para qué diablos quiere su administración. La modernización de la administración pública parece recuperar la distinción wilsoniana entre decisión política y ejecución administrativa, lo cual le per-mite centrarse en la mejor forma de llevar a término su especia-lidad ejecutora. Lo que aquí sugiero es que se trata de una distinción falaz y que, si reconocemos que la realidad adminis-trativa configura un potaje donde es prácticamente imposible distinguir sus ingredientes políticos y técnicos, entonces debe-ría preocuparnos su democratización. Es decir, deberíamos re-flexionar sobre cómo articular mecanismos para controlar de-mocráticamente por qué nuestras administraciones hacen una cosa y no otra, por qué priorizan unas actuaciones y no otras, por qué escuchan más a unos actores sociales que a otros, por qué promocionan unos valores y no otros. En este artículo, por lo tanto, no pretendo analizar detallada-mente las características de la modernización de la administra-ción pública, sino algo mucho más limitado: leer las notas a pie de página de algunos de sus teóricos más relevantes y, así, observar qué nos dicen-o, mejor, que intuyo que nos dicen-sobre la dimensión democrática de la nueva gestión pública, de la posburocracia, del gobierno reinventado o de como prefira-mos llamar a cualquiera de los intentos de modificación de la administración pública tradicional. No se trata de un análisis GAPP n." 5-6. Enero-agosto 1996 45