Investigación penal del ministerio público y derecho de defensa

Abstract

El Fiscal puede desarrollar una actividad de investigación compartida con Jueces y Policías, con lo que puede incidir en la esfera de derechos del investigado pudiendo éste desarrollar con plenitud el derecho de defensa ante una indagación que no genera actos de prueba de ningún tipo salvo excepciones. Durante su desarrollo, el Fiscal puede acordar medidas que necesariamente requieren la participación y presencia del investigado, con lo que su declaración ante la existencia de indicios de responsabilidad penal deviene en obligatoria. Ahora bien, la modificación de la LECRIM que introduce el procedimiento de aceptación del decreto del Fiscal implica la ruptura de esta dinámica pudiendo ser el sujeto condenado sin antes ser oído lo que obliga a revisar dicho procedimiento desde la óptica constitucional. The Prosecutor can lead criminal investigations similar to Judges and Police Forces, and this measures can affect to the suspect with a big impact in his rights. However, rights to defence is obvious. Criminal investigation cannot make proofs but the suspect presence is necessary, esencially when there are felons evidences. Nevertheless with the criminal laws reform, a new procedure breaks the constitutional guarantees because allows the punishment without suspect’s statement.