Contexto histórico

Abstract

Reciente La corrupción en el Perú tiene una larga data histórica. Su origen se remonta a los albores del régimen colonial, en el siglo XVI. Sus formas, bien documentadas, incluyeron las ganancias irregulares, indebidas e ilegales conseguidas por los más altos representantes de la corona española al momento de distribuir los cargos oficiales de la administración virreinal. Con los cargos comprados, los administradores coloniales cometían abusos y exprimían la capacidad productiva de la población indígena dedicada a la minería, de paso sobornando a supervisores encargados de velar por el cumplimiento de los protocolos que reglamentaban la explotación de las minas. Otra forma de corrupción común en esa época fue el contrabando de bienes extranjeros que privaron al erario público de mayores ingresos. Los beneficiados eran comerciantes privados que paulatinamente incrementaron su poder financiero y su acceso a los órganos del estado. Se configuró de este modo un nexo público-privado que privilegió el favoritismo político y económico, consecuentemente excluyente del bien común, y capaz de hacer valer sus intereses por encima del sistema legal. Este modo de gobernar y hacer negocios continuó durante los gobiernos republicanos a lo largo de los siglos XIX y XX. La literatura económica sobre la corrupción hace hincapié en la excesiva intervención estatal en la economía, particularmente en los mercados privados, para explicar las causas que la originan. Resulta de interés entonces contrastar niveles de corrupción en períodos históricos donde tal intervención se hizo presente con otros donde los mercados privados operaron libremente. El propósito de esta comparación no es restar validez al enfoque economicista sino resaltar la complejidad del problema de la corrupción. Cierto, la excesiva intervención del estado en la economía, acompañada de un absurdo cuan disfuncional sistema legal, es definitivamente una causa importante de la corrupción. Pero también lo son las condiciones particulares de un país. Entre otros, se pueden citar su herencia histórica; la homogeneidad o heterogeneidad étnica y cultural; los rasgos distintivos de su carácter social; la calidad ética de su liderazgo; el compromiso del sector privado empresarial con la ética y la responsabilidad social; el nivel de eficiencia y reputación de su aparato burocrático; la calidad institucional de los órganos de regulación, vigilancia y justicia; la efectividad del diálogo público-privado y la facilidad para sellar acuerdos que se hacen valer; la preeminencia de valores éticos en la sociedad en su conjunto; y, por último, la presencia o ausencia de contrapesos a los poderes políticos y económicos en la sociedad civil. Una marcada presencia solamente de solamente algunos de estos factores, lamentablemente, puede ser suficiente para contrarrestar los efectos