Discriminación etaria en el marco de los derechos humanos a la no discriminación

Abstract

Durante mucho tiempo tanto la ONU como las organizaciones internacionales regionales de protección de los derechos humanos se ocuparon poco de incluir los derechos de las personas mayores en sus catálogos, salvo en lo que concierne a la exigencia del poco novedoso, aunque no por ello menos trascendente seguro de vejez, que Bismark anticipó para los trabajadores industriales alemanes de más de 70 años ya en 1889, y que fue sucinta pero expresamente recogido para la totalidad de las personas mayores en la DUDH de 1948 y en otras herramientas internacionales. Sintomáticamente, cuando se definió el derecho humano a la no discriminación en los textos que componen la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU se omitió entre los supuestos explícitos del mismo la discriminación etaria. El notorio proceso de envejecimiento de la población y las proyecciones de los demógrafos acerca de la aceleración y profundización del mismo obligaron a rectificar la desatención inicial a los mayores por parte de los organismos de derechos humanos, y surgieron iniciativas diversas para corregirla, la más importante de las cuales, desde el punto de vista normativo, es la reciente Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por los Estados miembros de la OEA y en vigor desde 13 de diciembre de 2016. Sin embargo los prejuicios "Eda distas", y dentro de ellos la identificación abusiva de vejez con enfermedad o discapacidad, siguen contaminando ocasionalmente los discursos de los burócratas de Naciones Unidas, determinando ubicaciones no óptimas de los mismos, y condicionando las políticas públicas internacionales y nacionales y sigue echándose en falta un convenio global de la ONU sobre los derechos humanos de las personas de edad, similar a los aprobados por dicha Organización para proteger a otros colectivos vulnerables. El COVID ha puesto de relieve la urgencia de actuaciones más enérgicas y consecuentes que las habidas hasta hoy.For a long time, both the UN and the regional international organizations for the protection of human rights paid little attention to the rights of the elderly in their catalogues, except for the demand for the not very novel, but no less important, old age insurance, which Bismarck anticipated for German industrial workers over 70 years of age in 1889, and which was succinctly but expressly included for all elderly people in the UDHR of 1948 and in other international instruments. Symptomatically, when the human right to non-discrimination was defined in the texts that make up the UN International Bill of Human Rights, age discrimination was omitted from its explicit assumptions. The notorious process of population ageing and the projections of demographers about the acceleration and deepening of this process made it necessary to rectify the initial neglect of the elderly by human rights bodies and various initiatives emerged to correct it, the most important of which, from a normative point of view, is the recent Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons, approved on 15 June 2015 by the OAS Member States and in force since 13 December 2016. However, "ageist" prejudices, and within them the abusive identification of old age with illness or disability, continue to occasionally contaminate the speeches of United Nations bureaucrats, determining suboptimal placements of the same, and conditioning international and national public policies, and there is still a lack of a global UN convention on the human rights of older persons, similar to those approved by this Organization to protect other vulnerable groups. COVID has highlighted the urgent need for stronger and more consistent action than has been the case to date.