Gobernanza de la educación superior. El rol del aseguramiento de la calidad. Los casos de Argentina y Chile

Abstract

En la década del 90, los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prescribieron políticas económicas, buscando impacto social y político en los países de América Latina, entre las cuales aparece la educación superior como agente para el desarrollo económico y social, lo cual fue apoyado con financiamiento de estos organismos a las reformas del sector. En este contexto, se conforma una nueva agenda para el debate de la educación superior, que hace relación con el rol del Estado y la autonomía institucional, la rendición de cuentas y las demandas de información pública y los nuevos actores de la educación superior, todo ello en un marco de libertades sociopolíticas e intelectuales, que buscan precautelar la confianza social en la educación superior y favorecer la gobernabilidad del sistema, con demandas de contribución al desarrollo económico y social de los países (Banco Mundial, 2000).  El enfoque economicista de estas medidas es contestado por UNESCO y CEPAL, con una aproximación más humanista. El sustento de una articulación efectiva entre el Estado y la sociedad se construye sobre la base de acuerdos entre los gobernantes y una mayoría representativa de la sociedad afectada, es por ello que las constituciones de América Latina hacen responsable al Estado de garantizar el acceso y la calidad de la educación como derecho consagrado.