Desplazamiento forzado, niñez y adolescencia: escenarios en relación con su estabilización socioeconómica

Abstract

Method The analytic hierarchy process (AHP) multi-criteria decision-making method developed by Professor Thomas Saaty was used through expert workshops, involving researchers, leaders of NGOs and displaced communities living in the city of Bucaramanga. Results The partial result of this research showed that some elderly adults from forcibly displaced communities preferred to adapt themselves to urban centres, rather than return to their places of origin, particularly when it came to protecting younger children and dealing with their welfare. The method's consistency index and consistency ratio came within the expected parameters. Conclusion Government-promoted social and economic stabilisation programmes must be rethought regarding forcibly displaced populations, particularly when situations are envisaged involving the welfare of children and adolescents. E l tema de las vulnerabilidades sociales de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento y sus posibles alternativas de solución integral no puede escapar a las distintas lógicas de intervención del gobierno, organizaciones y actores institucionales, que con sus esfuerzos propenden por una adecuada estabilización socioeconómica. Se trata, en esencia, de libertades y derechos fundamentales, que se violan con frecuencia (1-4). La estabilización socioeconómica, por su parte, debe comprenderse en un marco amplio de acciones que en el tiempo se desarrollan bajo el amparo del Estado, y que persiguen mejorar las condiciones de vida de quienes se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia habitual. /RVIDFWRUHVGHPD\RUSHVRVRQORVTXHVHUHODFLRQDQFRQHOFRQÀLFWR armado interno y que afectan notablemente el sentido de la justicia social, así como la institucionalidad (5-7). La Ley 387 de julio 18 de 1997 señala en sus artículos 16-18 los planes y programas que deben permitir el acceso a la oferta institucional disponible, así como el momento en que cesa la condición de desplazado forzado. Esta última involucra directamente a las personas afectadas, en términos de la cooperación que debe existir para que el retorno a los lugares de origen o su reasentamiento sean una realidad.